El Estado nunca pierde

Economía
El Estado nunca pierde

Nuevas fórmulas tratan de frenar los altos precios, pero el problema
continúa en pie: la producción coquetea con el desastre y el marabú es
el rey.

Federico Fornés, La Habana

jueves 6 de septiembre de 2007 6:00:00

Al Coco millonario no le gusta que le llamen así. En el juego de las
apariencias él es una de sus piezas.

"La gente piensa que tengo un baro de aquí a Hong Kong, pero esa no es
la verdad", dice este vendedor de viandas y hortalizas de un puesto
estatal. Negro, gordo y rapado, con un iddé en su muñeca derecha, a este
"hombre de la calle", como gusta llamarse, las cosas se le están
poniendo feas.

El nuevo sistema de comercialización estatal de productos agrícolas pone
un tope a los precios y obliga a los vendedores a comprar, en primera
instancia, las mercancías de fincas públicas. El resto lo pueden
adquirir de envíos desde terrenos privados, que como regla será menor en
cantidad.

"Ya no es como antes. La gente se imagina cosas, que te haces rico con
este negocio, pero esto da para picadillo de soya y no para bistec",
aclara Coco.

Con respecto a los agros privados, los precios topados por las
autoridades pueden ser inferiores hasta en un 20 ó 25%, pero no más.
Medio kilo de un tubérculo muy consumido, la malanga, cuesta 2,35 pesos,
lo que equivale a casi el 0,8% del salario medio mensual. Si se pretende
igual cantidad de cebolla, entonces será el 2% de la mensualidad promedio.

Con el nuevo reglamento, los puntos estatales pueden asimilar cualquier
volumen, respetando el "privilegio" del Estado a ser el primero. En la
mayor de las veces, los productos son de calidad inferior a la oferta de
los campesinos privados, pero aún así deberán ser vendidos, de lo
contrario no hay contrato.

Guayabas y vendedores exprimidos

Tocado con una gorra de los Yankees, de Nueva York, el equipo más
venerado en la Isla por los fanáticos después del local Industriales,
Emilio entresaca mustias guayabas del resto lozano de las frutas. Es un
lote estatal.

"¿Quién va a comprar esto?", dice molesto y vuelve a las preguntas. "¿Y
la merma, quién la paga? Mi bolsillo, mi bolsillo", repite como para
conjurar sus detestables obligaciones financieras.

El vendedor está en su derecho de rechazar el envío estatal, pero eso
sería declarar la guerra a la burocracia.

"Tienes que llamar por teléfono y explicar que la mercancía no sirve,
etcétera, etcétera, etcétera. No estamos en Europa, donde todo viene
limpiecito y envuelto en nylon… Lo más probable es que después no te
manden más y, entonces, ¿qué vas vender?".

El Coco, Emilio y los demás del giro no podrían reorientar sus pasos
hacia la zona privada, pues las licencias hace años están congeladas.
Además, ese sector vive permanentemente en vilo, acosado por las
autoridades y las extorsiones.

"Los exprimen. Pagan el espacio donde venden, después el soborno a los
inspectores de salud pública y de la agricultura, algún que otro
regalito para la policía, en fin", explica Emilio.

Hay quienes toman los riesgos y, con sus carretillas o sacos, pregonan
en los vecindarios o se parapetan en pasillos. Si son detenidos por la
policía o los inspectores son objeto de multas y decomisos.

"Eso no es lo mío", indica Coco. Su salario oficial y el de sus
compañeros es simbólico: 50 pesos. "Es para mantener el vínculo con la
empresa", explica.

Gobierno latifundista

Hasta 1993, año previo al paquete de reformas, la tenencia de la tierra
estaba distribuida en 75,2% estatal y 24,8% no estatal.

Un año después irrumpieron las nuevas formas para evitar la hambruna. Se
crearon las Unidades Básicas de Producción, cooperativas donde se
entregaba la tierra en usufructo a los trabajadores. Entonces, la
proporción varió a 32,7% en manos directas del Estado y el 67,3% no estatal.

Tales fórmulas, sin embargo, no rebasaron las expectativas y antes bien
revelaron su ineficacia en el corto plazo. El Estado no se retiró
totalmente y prevalecieron los esquemas verticales y los ridículos
incentivos.

"Estamos ante el imperativo de hacer producir más la tierra", reconoció
el general Raúl Castro en el último de sus escasos discursos, el 26 de
julio pasado. El "presidente interino" dio muestras de conservar la
iniciativa al anunciar un régimen de innovaciones que entonces no
precisó y que hasta ahora se mantiene en secreto.

"Para lograr este objetivo habrá que introducir los cambios
estructurales y de conceptos que resulten necesarios", perfiló el jefe
de las fuerzas armadas en Camagüey.

Uno de los problemas resueltos fue saldar las deudas con los campesinos
privados, equivalentes a unos 6,5 millones de dólares.

"No te daban deseos ni de trabajar porque te metías cuatro o cinco meses
y no cobrabas (por la cosechas), y todo lo que uno va a adquirir tiene
que pagarlo al momento", expresó un campesino a la televisión nacional.

Con sólo menos de un tercio de las tierras cultivables, los productores
privados son un vergel al que el Estado ha mirado siempre con recelo.
Son el granero de la Isla y de ocurrírseles una hipotética huelga de
brazos caídos la hambruna sería una cuestión de semanas, y la caída del
gobierno otro tanto.

Son responsables del 60% de los tubérculos y raíces, 62% de las
hortalizas, 88% del maíz y los frijoles, 36% del arroz y 60% de las
frutas del país. Producen además el 42% de la leche, 95% del tabaco, 60%
del café, 54% del cacao, 65% de la miel de abeja y 71% de la carne
porcina. Poseen el 53% del ganado vacuno existente, el 81% de ovino, 89%
de caprino y 80% de equino.

¿Una espada de Damocles? Obviamente, y el gobierno evitará fórmulas que
extiendan ese poder. Por otra parte, los esquemas entronizados desde
1994 han sido fallidos y sólo el pasado año el país debió importar
alimentos por 1.500 millones de dólares.

¿Por qué no invertir esos millones en los campesinos y poner a producir
toda esa tierra que está parada, que en definitiva es un latifundio
estatal?, se pregunta un experto que pidió el anonimato.

'Aquí todo es mentira'

María del Carmen Pérez, titular en funciones del Ministerio de la
Agricultura (Alfredo Jordán Morales falleció hace dos años y todavía no
hay nuevo nombramiento), reconoció que entre el 20 y 30% de las tierras
cultivables están ociosas y prometió ante la Asamblea Nacional fórmulas
para incentivar el cultivo y búsqueda de financiamientos.

"Tenemos una estrategia y esperamos exhibir mejores resultados el año
que viene", se limitó a decir la ministra interina.

Para complicar las cosas, la naturaleza se venga de las inoperancias. En
febrero, el diario oficialista Granma informó que el marabú, plaga de
árboles abigarrados y espinosos, cuya poda resulta un trabajo satánico,
se había adueñado de un millón 139 mil hectáreas de terrenos fértiles.

En un trabajo titulado "Cuando tenga la tierra", la periodista Ana
López, de la revista digital Consenso, que sigue una dura línea de
cuestionamientos, asegura que la "desconfianza sigue marcando las
relaciones entre los productores privados y el Estado a la hora de hacer
transacciones".

Si tales prevenciones persisten, difícilmente pueda encararse un
replanteo estructural como anuncia Raúl Castro. El gobierno vería en los
actores del cambio a potenciales señorones del agro y estos, a su vez,
contestarían, como hasta ahora, con el desgano productivo a las cortapisas.

Para Coco y Emilio, los precios no irán a la baja. "Pasará mucho tiempo
para que eso pase. Aquí todo es mentira", explica el segundo,
descubriéndose la cabeza. Para aumentar sus ganancias seguramente
acudirán a la pesa: declararán al consumidor más de lo que realmente se
lleva a casa.

De cualquiera manera, sus ingresos estarán muy por encima de la media
nacional de 16 CUC al mes y siempre tendrán comida a la mano. Si hay
alguna conclusión en sus mentes es que "el Estado nunca va a perder".

Así remata el Coco. Hay calor y el aroma de las guayabas, algunas
fermentadas, empalaga el ambiente.

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