Reformas de Raúl, VI Congreso del PCC y resultados (II-Final)
Análisis de las reformas económicas que lleva a cabo el gobierno cubano,
realizado por Carmelo Mesa-Lago, Catedrático Distinguido Emérito de
Economía de la Universidad de Pittsburgh. Segunda parte y final
Carmelo Mesa-Lago, Pittsburgh | 05/01/2012
Política social
El aumento de ingresos a la seguridad social podría significar una
fuente adicional de fondos si realmente se expandiese notablemente la
afiliación de cuentapropistas. Pero hay que tener en cuenta el impacto
negativo en el ingreso por la caída en el empleo y de las cotizaciones
en el sector estatal, donde solo un cuarto de los empleados cotiza y es
difícil extender la contribución por los bajos salarios (Mesa-Lago,
2010b). Para elevar el valor real de los salarios habría que generar
primero un aumento considerable en la producción y la productividad, lo
cual requiere reformas más profundas que las hasta ahora implementadas o
aprobadas en el Congreso.
Respecto al gasto social, el economista cubano Pavel Vidal (2011)
recomienda que la asistencia social se incremente de manera rápida, sin
demoras, pues de lo contrario "habría un costo social muy grande". De
ese modo, los grupos vulnerables deben ser identificados y deben crearse
nuevos mecanismos, así como formar el personal para ello. Un acuerdo del
Congreso prescribió que la asistencia social la recibieran "las personas
que realmente la necesitan", lo cual si se hace con la focalización
adecuada excluiría a beneficiarios que no están en situación de pobreza
y así se ahorrarían recursos. Por otra parte, se dispuso "eliminar
prestaciones que pueden ser asumidas (…) por los familiares de las
personas beneficiadas", pero la factibilidad de esta acción es dudosa en
vista de las necesidades generalizadas de la población.
Por último, el Congreso no sentó las reglas básicas para la compraventa
de viviendas ni eliminó la permuta, aunque estipuló que se
flexibilizaría (véase más adelante el análisis de la ley promulgada
sobre esto). Además, durante la presentación ante la Asamblea Nacional
de los resultados económicos del año 2010 y el plan de la economía para
2011, el ministro de Economía, Marino Murillo (2010), anunció la
abolición del precio subsidiado a materiales de construcción vendidos a
la población para la construcción de sus viviendas, debido a la venta
ilegal de dichos materiales con enorme ganancia para quienes especulan
con ellos (hay que recordar que el precio subsidiado de un bloque es el
10 % del precio oficial). Esta medida es fiscalmente correcta, pero
perjudicará al sector más pobre y de bajos ingresos, ya que no tendrá
acceso a dichos materiales a un precio diez veces mayor.
Resultados de las reformas y ajustes aplicados
Aunque el modelo económico aún no ha sido "actualizado", tanto la
experiencia histórica como las limitaciones antes analizadas generan
dudas sobre su éxito. En la presentación del informe central al VI
Congreso, Raúl Castro (2011) anunció que el proceso tomaría un
quinquenio y de paso amonestó: "lo que aprobemos en este Congreso no
puede sufrir la misma suerte que los acuerdos de los congresos
anteriores, casi todos olvidados sin haberse cumplido". Por su parte,
Pavel Vidal (2011) ha expresado: "No veo un cambio estructural
importante en (…) la planificación [hay] que otorgar mayor espacio al
mercado (…) regulándolo con instrumentos indirectos de penalización y
estímulos, no [actualizar] un sistema centralizado que ha demostrado una
y mil veces ser ineficiente en Cuba y fuera de Cuba". El modelo de
socialismo de mercado chino o vietnamita, que otorga un papel mayor al
mercado y al sector privado, ha dado excelentes resultados por decenios.
Si se hubiese seguido este modelo, adaptado a las necesidades cubanas,
hubiese habido mayor probabilidad de éxito.
Respecto al usufructo, a mediados del año 2010, el ministro de Economía,
Marino Murillo, expresó su preocupación por la falta de resultados
productivos. Por su parte, Pedro Olivera, director general del Centro
Nacional de Control de la Tierra del Ministerio de Agricultura, alegó
que la evaluación del impacto en la producción tomaría dos años. Pero la
producción agrícola disminuyó el 3 % en el año 2010, con resultados
negativos en la mayoría de los productos. El impacto más grave se
produjo en la producción del tabaco en rama, el arroz, los frijoles y la
mayoría de las frutas, con caídas entre
el 19 % y el 27 %. Después encontramos los cítricos y las hortalizas,
con descensos entre el 16 % y el 17 %, y luego los huevos y los
tubérculos, que disminuyeron entre 0 % y 3 %. Tan solo aumentaron un 2 %
las cabezas de ganado, y entre el 5 % y el 6 % la producción de leche y
la cosecha del maíz.
Las cifras preliminares del primer trimestre del año 2011 muestran una
reducción en la superficie cultivada del sector privado (con poquísimas
excepciones), aunque se aprecia un aumento en la producción de la
mayoría de los cultivos respecto al deprimido año 2010 (ONE, 2011a,
2011b, 2011c)[5]. Por el contrario, estadísticas también preliminares
del período enero-septiembre de 2011, comparadas con el mismo período en
2010, indican que la superficie cultivada total y del Estado se
contrajo, pero la privada se había expandido, especialmente en cítricos
(un 94 %), aves, ganado porcino y alubias (entre un 42 % y un 49 %). La
producción agropecuaria creció un 7,2 %, aunque con diferencias
notables: los mayores aumentos se registraron en el arroz (un 64 %) y
las alubias (un 62 %), mientras que las peores caídas fueron para los
cítricos (un 29 %) y las patatas (un 14 %). La desagregación de la
producción por sector demuestra que el sector estatal tuvo un mal
resultado y lo opuesto ocurrió en el sector privado. Por ejemplo, las
cabezas de ganado disminuyeron el 8 % en el estatal, y crecieron el 92 %
en el privado; mientras que las proporciones respectivas en otros
productos fueron las siguientes: cítricos, caída del 20 % y aumento del
94 %; tubérculos, caída del 14 % y aumento del 18 %; plátano, caída del
29 % y aumento del 10 %; hortalizas, caída del 19 % y aumento del 7 %; y
alubias, aumentos del 6 % y del 43 %, respectivamente (ONE, 2011d).
Estas cifras preliminares adolecen de contradicciones, pues aunque se
contrajo la superficie sembrada no dejó de aumentar la producción, lo
cual sólo podría explicarse por una mayor eficiencia y por el uso de
fertilizantes, herbicidas, etc. Además, ONE define al sector privado
como de campesinos no organizados en cooperativas que cultivan tierras
no estatales, por lo que parece excluir a los usufructuarios, aunque
estos tampoco se identifican con los sectores estatal y cooperativo. Hay
que esperar a las estadísticas completas del año 2011 y a la
desagregación de la superficie y producción usufructuarias, pero las
cifras disponibles indican que después de la caída en 2010 de la
producción agrícola, esta aumentó en 2011 en el sector privado y
disminuyó o se estancó en el sector estatal. Aun con este adelanto, la
producción agrícola en 2011 estaba muy por debajo de la existente en el
año 2005, y peor aún respecto al año 1989, antes de la crisis.
En las reformas agrarias de China y Vietnam, el Estado también retuvo la
propiedad de la tierra pero, a diferencia de Cuba, dichos países
otorgaron contratos de duración indefinida, y dieron libertad a los
agricultores para plantar lo que deseasen, vender los productos a
quienes quisiesen y fijar su precio de acuerdo con la oferta y la
demanda. Bajo estas políticas, se consiguió un enorme y rápido
incremento de la producción agrícola, se alcanzó la autosuficiencia
alimentaria y se generaron excedentes que luego fueron exportados. A
modo de ejemplo, Vietnam es hoy el primer exportador arrocero del mundo,
y vende a Cuba la mayor parte del arroz que se consume en la Isla.
En cuanto al trabajo por cuenta propia, los resultados no han sido muy
halagüeños. A fines del año 2010 se contabilizaban 147.400 personas
registradas, solo 3.600 más que en 2009, aunque el programa había
comenzado a implementarse a principios de octubre de 2010 (ONE, 2011c).
En el discurso de clausura en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el
18 de diciembre de 2010, Raúl Castro (2010) apremió al Partido y al
Gobierno para que facilitaran el avance del cuentapropismo, llamó a "no
generar estigmas ni prejuicios contra ellos, ni mucho menos
demonizarlos" y pidió "modificar la apreciación negativa existente".
Pero a pesar de estos augurios favorables, el 28 de febrero de 2011 se
anunció que no se cumpliría la meta de la primera etapa, y tampoco se
fijó un plazo para alcanzarla, salvo vagas referencias al plan
quinquenal 2011-2014. A fines de octubre de 2011, el Gobierno reveló que
solo se había despedido al 10 % del millón de trabajadores que debía ser
sacado del sector estatal en diciembre de ese año. También informó que
se habían creado 190.600 trabajos por cuenta propia adicionales, es
decir, un 76 % de la meta de los 250.000 previstos, además de que dos
tercios de las actividades registradas como nuevas se estaban realizando
anteriormente de forma ilegal (Arreola, 2011a y b).
Entre el 1 de octubre de 2010, cuando se empezó a aplicar el programa, y
el 30 de abril de 2011, justo después del VI Congreso, se habían
concedido 221.839 licencias, de las que habría que descontar 27.000
devoluciones por parte de personas que no pudieron llevar a cabo su
desempeño. Pero el 68 % de los nuevos trabajadores que accedieron a
licencias por cuenta propia no tenía relación laboral previa con el
Estado, lo que significa que ya eran antiguos desempleados que hacía
tiempo que se habían desvinculado de las actividades controladas por el
mismo. Además, el 16 % de las nuevas licencias fueron otorgadas a
jubilados o trabajadores estatales, con lo cual el resultado final
indicó que solo 35.494 personas, alrededor de otro 16 %, eran en
realidad desempleados recientes tras el proceso de despidos masivos.
Entre las razones para justificar la lentitud en los despidos y la
creación de empleos privados se mencionaron la resistencia de los
administradores estatales, la exigencia de documentos y trámites no
legales a los cuentapropistas, así como la dilación excesiva para
conceder licencias sanitarias (Granma [28.02.2011, 17.05.2011 y
21.05.2011] y Juventud Rebelde [19.03.2011]).
Tras un análisis de la evolución del proceso de despidos y del trabajo
por cuenta propia, el Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2011 varios
ajustes: 1) congeló todas las plazas estatales y extendió el cronograma
de despidos sin fijar fecha; 2) permitió la contratación de trabajadores
no familiares en las 178 ocupaciones aprobadas, y aumentó de 20 a 50 el
número de sillas autorizadas en restaurantes privados (paladares), a la
vez que facilitó que restaurantes estatales con baja actividad fueran
arrendados a cuentapropistas; 3) suspendió el impuesto de utilización de
la fuerza laboral en 2011 a los que contraten hasta 5 empleados, y
también redujo cuotas mensuales o impuestos a varias actividades; 4)
eliminó la obligatoriedad de afiliarse y cotizar a la seguridad social a
mujeres de 60 o más años y a hombres de 65 o más; 5) asignó 14 millones
de euros para asegurar la venta de mercancías a los cuentapropistas,
pero dejó para el futuro la creación del mercado mayorista; 6) autorizó
la actividad de agente de seguros; y 7) concedió a las embarazadas
despedidas que no encontraran empleo la licencia de maternidad que antes
perdían (Granma [17.05.2011 y 27.05.2011]). En septiembre de 2011 el
Gobierno redujo las tasas de tributos mensuales a las personas que
ofrecen hospedajes a cubanos y extranjeros, así como prometió que se
extendería a otras ocupaciones el experimento de arriendo a trabajadores
de peluquerías, barberías y salones de belleza. A comienzos de noviembre
de 2011 el Consejo de Ministros anunció que habría nuevas cuotas de
pagos de impuestos, sin mayor aclaración[6].
En el caso de la educación superior, se observa que la cantidad de
alumnos matriculados en medicina, que aumentó un 61 % entre 2005 y 2010,
había disminuido el 21 % en el curso 2010-2011. Esto significa un
obstáculo para que se haga efectivo el acuerdo del Congreso para que la
graduación de especialistas médicos cubra las necesidades del país y las
que se generen por los compromisos internacionales. Por otra parte, el
gasto en educación se redujo porque el número de universidades
municipales había decrecido un 96 % entre 2009 y 2011, mientras que
todas las escuelas de trabajadores sociales habían sido cerradas (ONE,
2011c).
Respecto al sistema de pensiones, la reforma del año 2008 se suponía que
pospondría de 2015 a 2020 el momento en que habría más retirados que
trabajadores entrantes en la fuerza laboral (Peláez, 2011). No obstante,
dicha reforma no ha reducido de manera significativa el severo déficit
del sistema, ya que para equilibrarlo en el año 2010 habría que haber
subido hasta el 21 % la cotización actual del 12 % sobre el salario
(pagada por las empresas), y en los años sucesivos ese porcentaje
debería ir en aumento. Por otra parte, en abril de 2011 se habían
registrado 198.511 personas en el régimen especial de la seguridad
social, incluyendo a cuentapropistas que ejercían antes de iniciarse el
proceso de extensión del trabajo privado (Granma [30.04.2011]). En
cuanto a los gastos en asistencia social, si se hace una comparación con
las cifras de los años 2006 a 2008, en 2010 estos gastos se redujeron un
39 %, el número de beneficiarios un 61 %, los adultos mayores con
asistencia un 51 % y los beneficiarios de asistencia a domicilio un 67 %
(ONE, 2011c). Estos severos recortes, unidos a la eliminación gradual de
gratuidades y del racionamiento, más el acuerdo citado que restringe la
ayuda a ciertos beneficiarios, perjudica a grupos vulnerables e implica
una erosión en la red de protección social que es esencial en la reforma.
Referente a la vivienda, la construcción total de residencias cayó un 6%
en el año 2010, mientras que la edificación de viviendas privadas se
desplomó un 19% en el mismo año; la eliminación de subsidios a los
materiales de construcción pudo ser la causa que provocó esa disminución
mayor (ONE, 2011c). En este sentido, el grupo de población de bajos
ingresos no puede comprar los materiales a precios diez veces
superiores, por lo que se debería estudiar la posibilidad de ofrecer
vivienda subsidiada para los grupos vulnerables. Una medida de gran
envergadura fue la promulgación de la esperada ley de vivienda que entró
en vigor el 10 de noviembre de 2011. La misma autoriza la compraventa de
viviendas por parte de ciudadanos y extranjeros residentes permanentes
en la Isla y permite a los compradores y vendedores fijar libremente el
precio y mudarse cuando lo deseen. Además, autoriza las ventas y
permutas de viviendas de cubanos que emigran definitivamente sin estar
sometidas a la aprobación estatal. Se permite la donación de vivienda y
la transferencia gratuita a los herederos familiares. La permuta
subsiste, pero ahora es legal el pago de una compensación que antes se
hacía de forma ilegal. Esta ley puede generar el capital que tanto
necesita el sector privado para lanzar y expandir sus pequeños negocios,
así como impulsar la reparación de las deterioradas viviendas
existentes. También resuelve la situación de parejas divorciadas que son
copropietarias de una vivienda al permitir su venta de mutuo acuerdo.
Por otra parte, también contiene restricciones: la propiedad se limita a
una residencia permanente y otra de veraneo o descanso (a fin de evitar
la concentración de la propiedad); el financiamiento debe hacerse a
través del Banco Central de Cuba, que obliga a pagar una licencia aún no
determinada; se carga un impuesto del 6 % del valor de la compraventa (4
% en caso de permuta), y se establecen penas severas, incluso prisión,
para aquellos que mienten sobre el valor real de sus viviendas (Ley
general de la vivienda, 2011). Se especula que la autorización para
tener una segunda casa de veraneo podría abrir un agujero legal para que
cubanos emigrados compren viviendas a través de sus parientes en Cuba.
Un potencial efecto indeseado de la ley puede ser el aumento de las
desigualdades respecto a la vivienda entre la población, pues los que
tengan más dinero comprarán casas en las mejores áreas y los que
carezcan de recursos estarán condenados a permanecer en "solares" (una
casa dividida entre muchos propietarios de pequeños habitáculos) de los
peores barrios. Además, el propietario de una vivienda arrendada puede
venderla y el arrendatario quedarse en la calle (Cave, 2011).
Otra disposición importante que entró en vigor en octubre de 2011 es la
autorización de la compraventa de automóviles, de manera libre y en
pesos nacionales, entre ciudadanos cubanos que viven en la Isla y
extranjeros residentes permanentes; se incluyen los viejos coches
estadounidenses anteriores a 1959 y los fabricados en la URSS, otorgados
por razones de trabajo antes de 1990. Por su parte, el comprador puede
tener más de un coche, y los artistas, deportistas, intelectuales y/o
otros profesionales que hayan rendido servicios en el extranjero también
pueden adquirir autos modernos comprados con autorización. Los cubanos y
extranjeros residentes pueden comprar, cada cinco años, un auto nuevo
con pesos convertibles o divisas a través de agencias comerciales o
importarlos; los residentes extranjeros temporales pueden tener hasta
dos coches durante su estadía (Regulaciones para la transmisión de
vehículos de motor, 2011).
Las restricciones legales se aplican especialmente a la compra de coches
modernos, con trabas burocráticas e inclusiones y exclusiones
arbitrarias. Dicha compra debe tramitarse ante el gobierno regional, que
a su vez hace una petición al Ministro de Transporte, y el permiso puede
tardar hasta cuatro meses. El comprador debe demostrar que sus ingresos
han sido obtenidos en servicios prestados al Estado. Asimismo, se les
permite la compra de autos a intelectuales o artistas que reciban
premios internacionales o derechos de autor a través de entidades
oficiales, así como a trabajadores de la pesca, el tabaco, la marina
mercante, las aerolíneas y la base naval de Guantánamo; pero se excluye
a los receptores de remesas del exterior y a los microempresarios cuando
esas son sus fuentes únicas de ingreso, además de a los profesionales de
la salud que prestan servicios en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y
Ecuador. La compraventa de autos puede ser gravada con tres impuestos:
transporte, ingresos personales y transmisión de bienes y herencia. A
los cubanos que emigran de forma definitiva, el Estado les confisca su
auto, el cual transmite en propiedad a las personas que tienen derecho,
aunque les pueden negar este derecho por razones de utilidad pública o
interés social, de ahí que sea más restrictiva que en el caso de la
vivienda (Regulaciones para la transmisión de vehículos de motor, 2011).
El Estado cobra 21.000 euros por un Hyundai Accent nuevo, pero el mismo
auto usado se vende por 22.000 euros, y el simple permiso de compra de
un coche se revende por 7.500 euros, por lo que la ley no podrá impedir
la especulación (Burnett, 2011).
¿Consenso o disenso en la dirigencia sobre las reformas?
Hasta el momento, las dos reformas estructurales principales que se
pusieron en marcha no han logrado un éxito claro. En la reforma de la
agricultura, a pesar de la cesión de tierras en usufructo, la producción
agrícola cayó en 2010 y, aunque aumentó en 2011 en el sector privado, se
desconoce si fue por los campesinos no afiliados a cooperativas o por
los usufructuarios. En la reforma laboral se incumplió la meta de
despidos, y la creación de empleos privados fue insuficiente, en gran
medida debido a las trabas y los desincentivos impuestos. En cuanto a la
"actualización" del modelo económico, con persistente predominio de la
planificación centralizada y de la empresa estatal, 52 años de intentos
fallidos para mejorar auguran un nuevo fracaso. La combinación de los
despidos, la eliminación de gratuidades y el racionamiento, más los
recortes sociales —incluyendo la esencial asistencia social— pueden
provocar una situación peligrosa. Por último, la autorización de la
compraventa de viviendas y automóviles son medidas muy positivas, aunque
también repletas de restricciones que son demasiado recientes para
evaluar sus efectos.
El interrogante crucial es saber el motivo por el que no fueron
corregidas las fallas de las reformas durante los meses de debates
previos a la celebración del VI Congreso, en los que participaron nueve
millones de cubanos, o por parte de los 1.000 delegados que asistieron a
dicho congreso. Tampoco se propusieron posibles soluciones en las
reuniones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, o en el Comité
Central del PCC y su Buró Político. Después del VI Congreso, y en vista
de los pobres resultados de las reformas, el Consejo de Ministros hizo
ajustes, especialmente en el trabajo por cuenta propia y la compraventa
de viviendas y coches, pero aún persisten problemas fundamentales. La
Conferencia Nacional del PCC, anunciada para la segunda mitad del año
2011, y pospuesta para enero del 2012, parece estar encaminada a
determinar el papel del Partido y sus relaciones con el Gobierno
(Castro, 2010), aunque quizás amplíe y profundice las reformas
estructurales.
La eficacia de las reformas y de los acuerdos del VI Congreso está
obstruida por objetivos contradictorios. Por un lado, se pretende
aumentar la producción para reducir las importaciones y expandir las
exportaciones, así como eliminar el empleo estatal excedente, y se
reconoce el papel creciente del mercado y el sector privado. Pero, por
el otro, se pone énfasis en el plan central, el control, la empresa
estatal y los fuertes impuestos al sector privado que obstaculizan su
desarrollo. A pesar de las reiteradas aseveraciones de Raúl Castro sobre
la unidad en la dirigencia, los elementos analizados en este artículo
indican que existe un disenso en la cúpula del poder, así como en los
niveles intermedios. Mientras unos apoyan las reformas como única vía
para mejorar el desempeño económico y social, para así salvar la
revolución, otros se resisten a ellas por temor a desatar fuerzas que se
escapen del control del régimen o porque la competencia privada amenace
sus posiciones y privilegios. El resultado es un compromiso ineficaz e
insostenible.
Con el diseño actual, las reformas podrían alcanzar mejoras modestas,
pero mientras no se resuelva el disenso en la dirigencia para expandir y
profundizar estas reformas, no se conseguirá resolver los problemas
económicos y sociales fundamentales de Cuba. Dos alternativas se
perfilan en el futuro: a) una lucha en la dirigencia para impulsar las
reformas o b) la continuación del statu quo con el riesgo de provocar
una mayor erosión económica y social de imprevisibles consecuencias.
Desde aquí abrigo la esperanza en que la historia tome el primer
derrotero y triunfen los reformadores.
[5] La producción industrial cayó el 2 % en 2010 (6% en electricidad,
11% en textiles y 33 % en zapatos; se estancó en puros y cemento); la
producción de petróleo creció el 10 %, pero la de gas cayó el 7 % y
también la de níquel (ONE, 2011c).
[6] Noticias de la televisión cubana (02.11.2011).
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