Conferencia Internacional de la OIT analizará la situación de los trabajadores en Cuba

Conferencia Internacional de la OIT analizará la situación de los
trabajadores en Cuba
DDC | Madrid | 20 Mar 2013 - 6:07 pm.

El monopolio de la CTC, la falta de libertades como el derecho a huelga,
la discriminación por motivos políticos y las presiones sobre los
cuentapropistas son algunos de los puntos.

El monopolio sindical de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC,
controlada por el Gobierno), la falta de libertades como el derecho a
huelga, la discriminación y la represión por motivos políticos, son
algunos de los puntos recogidos en el informe sobre la Isla que la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
(CEACR) presentará a la Conferencia Internacional del Trabajo en junio
próximo.

La CEACR, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha tenido
en cuenta en su informe los reportes de la Coalición de Sindicatos
Independientes de Cuba (CSIC), a la cual el régimen cubano no reconoce,
comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la
Organización Internacional de Empleadores (OIE), entre otras entidades,
y las respuestas del Gobierno cubano.

Muchos de los señalamientos está incluidos en informes anteriores sobre
la Isla, sin que La Habana haya realizado los cambios en la legislación
solicitados por la OIT.

En el documento, del cual el Grupo Internacional para la Responsabilidad
Social Corporativa en Cuba (GIRSC) ha publicado un extracto, la Comisión
de Expertos indica que pidió al Gobierno cubano copias de sentencias
contra sindicalistas independientes condenados en la Isla. Asimismo,
explicaciones sobre la percusión, amenazas de prisión y confiscación de
ayuda humanitaria enviada desde el exterior a miembros de organizaciones
sindicales opositoras.

El Gobierno respondió —señala la CEACR— negando haber "enjuiciado o
sancionado" a sindicalistas "por el ejercicio o la defensa de derechos
sindicales".

La Habana dijo que "a todos les fue probada —en un proceso con todas las
garantías procesales— su responsabilidad en acciones que se tipifican
como delitos directamente dirigidos a lesionar la soberanía de la
nación", entre otros argumentos que suele usar habitualmente el régimen
contra los opositores encarcelados.

El monopolio de la CTC

Otro de los puntos recogidos en el informe de la CEACR es el monopolio
sindical de la CTC, entidad que defiende los intereses del Gobierno,
principal empleador en la Isla.

La Habana rechaza en su respuesta ese señalamiento, afirma que los
trabajadores no necesitan "autorización previa de ninguna índole, ni
estatal ni empresarial" para constituir organizaciones sindicales;
asegura que existen "más de 110 000 organizaciones sindicales de base
(…) desde la empresa, sector o rama de actividad hasta las instancias de
estructura nacionales", y dice que "la libertad en el movimiento
sindical cubano se expresa en términos de unidad, decidida por los
propios trabajadores (…) con absoluta libertad de expresión y de opinión".

No aclara que todas las organizaciones sindicales de la Isla forman
parte de la CTC. Por el contrario, afirma que "los trabajadores cubanos
tienen el derecho de afiliarse libremente y de constituir organizaciones
sindicales, sin necesidad de autorización".

La Comisión de Expertos de la OIT recuerda en este punto "que el
pluralismo sindical debe ser posible en todos los casos y que las
legislaciones nacionales podrían institucionalizar un monopolio de hecho
si se refieren únicamente a una central sindical específica", como es el
caso de la CTC.

Los trabajadores deben tener "libertad de constituir, si así lo desean,
sindicatos al margen de la estructura establecida y de afiliarse a la
organización de su elección", advierte.

Derecho a huelga

En otra parte de su informe, la CEACR critica la "falta de
reconocimiento del derecho de huelga en la legislación y la prohibición
en la práctica de su ejercicio" en Cuba, una crítica constante al
Gobierno de la Isla.

En su respuesta, La Habana afirma que "la legislación vigente no incluye
prohibición alguna del derecho de huelga, ni las leyes penales
establecen sanción alguna por el ejercicio de tales derechos".

"Si alguna vez los trabajadores cubanos decidieran recurrir a la huelga,
nada podría impedirles su ejercicio", dice el régimen, que se asegura la
inexistencia de estos eventos a través de la CTC, las presiones del
Partido Comunista y la consideración de "contrarrevolucionarios",
"saboteadores", etc., a quienes los inician.

La Comisión insiste en su informe en que la legislación cubana "debería
reconocer expresamente el derecho a huelga", a efectos de "salvaguardar
la seguridad jurídica de los trabajadores que deciden recurrir" a ella.

Discriminación y represión por motivos políticos

La CEACR reitera también su preocupación por la discriminación de
trabajadores "por motivo de opinión política", y especialmente por el
encarcelamiento de periodistas independientes.

En su línea habitual, el Gobierno que controla toda la prensa de la Isla
e impide la existencia de medios independientes, niega "que existan
ciudadanos detenidos y procesados por el ejercicio de sus funciones como
periodistas, y señala que las personas a las que se ha estado refiriendo
la Comisión de Expertos persiguen destruir el orden constitucional y no
tienen vínculo laboral con el sector periodístico (oficial) en el país".

También dice que "no se ha sancionado a nadie como consecuencia del
ejercicio de la libertad de expresión y de opinión y que el ejercicio de
una profesión no constituye delito por el que se pueda imponer una
sanción penal".

Por lo general, el régimen utiliza contra los disidentes y periodistas
independientes que quiere enviar a prisión cargos por delitos comunes
como "desorden público", "alteración del orden" o "peligrosidad social
predelictiva".

El periodista independiente Calixto Martínez Arias, detenido en
septiembre de 2012 y considerado prisionero de conciencia por Amnistía
Internacional, está acusado de "desacato".

Martínez, actualmente en huelga de hambre, fue el periodista que
destapó, en el verano del año pasado, la existencia de una epidemia de
cólera en el oriente de la Isla.

En el informe, la Comisión de Expertos de la OIT señala que "proteger a
los individuos, en el marco del empleo y la ocupación contra la
discriminación fundada en la opinión política, implica reconocer esta
protección en relación con las actividades que expresen o manifiesten
oposición a los principios políticos establecidos, aun cuando ciertas
doctrinas persigan el logro de cambios fundamentales en las
instituciones del Estado".

Pide al Gobierno que informe "si existen personas detenidas, procesadas
o acusadas de otros cargos que hayan alegado ser periodista" y que tome
"las medidas necesarias para garantizar que los periodistas
independientes y todos aquellos trabajadores que expresan opiniones
políticas contrarias al Gobierno gozan de protección en caso de
discriminación por este motivo".

La Comisión recoge además quejas de la Coalición de Sindicatos
Independientes de Cuba (CSIC)"sobre discriminación por motivos de
religión y opinión política" que afecta a trabajadores y estudiantes
universitarios "en el marco de un mercado laboral monopolizado por el
Estado".

Advierte que esa discriminación "se instrumenta por medio de expedientes
laborales detallados y vitalicios que contienen informaciones políticas
y religiosas de los trabajadores y sus familiares".

El Gobierno, que suele expulsar a trabajadores y estudiantes
universitarios opositores y cuestiona la "confiabilidad" para
determinados puestos de quienes critican la línea oficial, afirma al
respecto que "nadie es discriminado por motivo de su opinión política" y
que disposiciones constitucionales y legales "prohíben la
discriminación, y establecen el derecho a la educación".

Niega que el expediente laboral sea "utilizado con fines
discriminatorios" y que contenga "informaciones sobre las inclinaciones
políticas y religiosas del trabajador y sus familiares".

Presiones sobre los trabajadores por cuenta propia

La CEACR dedica una parte del documento a las presiones sobre los
trabajadores por cuenta propia, denunciadas por la CSIC.

La Coalición advierte que la inspección del trabajo de los
cuentapropistas "es más un mecanismo de control social, de intimidación
y de presión que un mecanismo de protección de los trabajadores", y "no
es independiente frente a las presiones políticas" del Partido
Comunista, del Gobierno y la CTC.

Considera que los inspectores del trabajo "se han convertido en enemigos
de los trabajadores independientes, implantando un sistema de multas
desproporcionadas que con frecuencia dan lugar a abusos que representan
una amenaza para la existencia y la extensión del trabajo independiente".

El Gobierno, que no reconoce la validez de la CSIC como organización de
defensa de los trabajadores cubanos, rechaza las críticas, afirma que
trabajadores independientes "no están sujetos a este mecanismo de
inspección y que los encargados de hacer respetar las disposiciones
relativas (…) a las normas sanitarias, de gestión, de transporte, etc.,
son las estructuras de los gobiernos locales".

Los trabajadores por cuenta propia se quejan con frecuencia de abusos de
los inspectores del Gobierno, que incluso piden sobornos a cambio de una
evaluación favorable.

La Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra entre el 5 y el
20 de junio en Ginebra, es con frecuencia denominada "el parlamento del
trabajo". Dicta las políticas generales de la OIT, establece y adopta
normas internacionales del trabajo y es un foro para la discusión de
cuestiones sociales y laborales fundamentales.

http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/1363799220_2019.html