Dominios de internet, soberanía y libertad

Dominios de internet, soberanía y libertad
REGINA COYULA, La Habana | Mayo 25, 2016

Para los cubanos que semanalmente actualizan el entretenimiento
doméstico con el ya famoso, privado y anónimo Paquete, es familiar un
subtítulo en brillantes letras amarillo verdosas al comienzo de las
películas. Ese infaltable www.gnula.nu, de tanto salir, espoleó mi
curiosidad; me era imposible reconocer a qué país correspondía esa
extensión; así que acudí a la siempre útil Wikipedia.

Sorpresa. El país del sitio pirata de las películas que vemos en casa es
Niue, un atolón con ínfulas de islita, adscrito a Nueva Zelanda. En
1996, un norteamericano (que no vive en Niue, por cierto) se hizo con
los derechos del .nu y en 2003 se fundó la Internet Society of Niue, que
ofreció a las autoridades locales convertir la cuasi isla en la primera
nación wifi del mundo. Redondearon la oferta con una computadora gratis
para cada niño. Nada espectacular; hablamos de una población de apenas
1.300 habitantes.

La ironía es que el .nu genera enormes ganancias, mientras que los
habitantes de Niue que desean conectarse desde su casa y no desde el
único cibercafé están obligados a pagar por la instalación y por el
servicio.

Así me entero de otra curiosidad: la segunda extensión más utilizada en
internet después del .com corresponde a otro lugarcito en un rincón del
Pacífico del que tampoco tenía noticias, un grupo de islotes de apenas
11 kilómetros cuadrados. Tokelau se llama este lugar cuyo dominio .tk
eclosionó en 2009 al ofrecerse de forma gratuita y hoy es el hogar
virtual de cientos de miles de sitios de dudosa probidad.

La forma en que se gestionan los dominios territoriales de cada país
(ccTLD) es muy diferente. La Corporación de Internet para la Asignación
de Nombres y Números (ICANN) ha dejado a discreción de cada país el
quién y el cómo. Muchos países lo tienen privatizado, ya sea en manos de
instituciones o empresas creadas al efecto, mientras que en otros es una
entidad adscrita a un organismo estatal.

Ambas formas de operar los ccTLD tienen ventajas y desventajas.
Desregular las extensiones inclina la balanza hacia las empresas de
mayor rentabilidad en detrimento de organismos, ONG e instituciones con
fines sociales y culturales. Disminuye la influencia de los gobiernos,
lo cual puede gravitar negativamente en la soberanía de países con
economías frágiles o en países jóvenes o pequeños. Como contraparte, la
administración regulada por el Estado tiende a proteger los intereses
sociales y culturales, una gestión exitosa puede ingresar ganancias que
impacten positivamente en la vida nacional. Sucede también que las
normativas para comprar un ccTLD resulten restrictivas o
discriminatorias, amparadas en un reglamento deliberadamente vago para
ser aplicado a discreción, como en el caso de nuestro .cu.

En el entorno latinoamericano, Argentina es el único país en ofrecer un
sitio de forma gratuita; de ahí los millones de sitios de extensión .ar.
Esta gratuidad está por cambiar porque se estudia la forma de hacerlos
de pago. En Chile y Nicaragua se administra a través de universidades
públicas. En Guatemala es también una universidad, pero privada.

Regulados por el Estado, aparecen Venezuela con la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) y Cuba, a través de la Empresa de
Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL).

Colombia, y sin entrar en detalles sobre sus antecedentes, es reflejo de
un debate similar y vigente en muchos países. Una empresa privada es
dueña de su ccTLD y opina que el hecho de que el 89% de los dueños de un
sitio .co sean extranjeros radicados fuera del país, lejos de vulnerar
la identidad nacional, internacionaliza a Colombia y lleva su marca al
mundo entero. Lo que subyace en estos debates es que el mercado se
imponga sobre los valores culturales y poco puedan hacer los nacionales
en defensa de su patrimonio intangible.

Pero en definitiva, ¿quién gobierna internet? Cualquier observador
recién llegado afirmaría que lo gobierna Estados Unidos. En su
territorio radican las instituciones y la mayoría de los servidores
destinados a organizar lo que de otra forma sería un caos. El ya
conocido ICANN, que asigna los Nombres de Dominio (DNS) a las
direcciones IP, tiene un contrato con el Gobierno y radica en
California. Empresas muy influyentes de internet como Microsoft, Google
o Amazon son también norteamericanas. Para septiembre les tendré
noticias de cambio; es más, les adelanto que ICANN se independiza del
Departamento de Comercio de Estados Unidos.

A esta influencia asimétrica se contrapone el interés de otras partes
que participan también de y en internet. Organizaciones internacionales
como la del Comercio (OIC), la de la propiedad intelectual o la Unión
Internacional de las Comunicaciones se han ido incorporando de conjunto
con ICANN. El espacio virtual modifica la noción de soberanía, con
peligro añadido para la igualdad y la diversidad; por lo que el término
gobernanza ha cobrado importancia en el diseño de las políticas, donde
confluyen gobiernos, sociedad civil, empresas, académicos e innovadores
técnicos.

De la misma forma que los innovadores técnicos han puesto en nuestras
manos el protocolo que garantiza el acceso a internet desde cualquier
tipo de dispositivo de forma abierta, toca a la gobernanza establecer
políticas aun cuando no sean vinculantes, para garantizar la libertad de
expresión e información, el acceso pleno y los límites del control.

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