En la mira de EEUU la emergente industria petrolera cubana
WILFREDO CANCIO
El Nuevo Herald
El potencial desarrollo de la industria petrolera en Cuba está en el
punto de mira del embargo estadounidense.
El Departamento del Tesoro anunció que la firma PSL Energy Services
(PSLES), una proveedora internacional de tecnología y servicios para la
explotación petrolera, pagó una multa de $164,006 tras reconocer que
entre abril y septiembre del 2004 violó las restricciones establecidas
para el comercio con la isla.
Según la información divulgada por la Oficina de Control de Bienes
Extranjeros (OFAC), PSLES reveló voluntariamente que habría violado las
regulaciones del embargo por ``involucrarse en operaciones ilegales de
exportación y reexportación de equipamiento tecnológico y servicios
profesionales para la industria de hidrocarburos en Cuba''.
La portavoz de OFAC, Molly Millerwise, declinó ayer explicar los
detalles del caso.
La sucursal de PSLES en Houston, Texas, remitió las preguntas de El
Nuevo Herald a la sede de la compañía en Aberdeen, Escocia. Doug Duguid,
director de operaciones de PSLES, declaró que la compañía no comentará
sobre este asunto.
PSLES --fundada en el 2003-- fue adquirida por la multinacional
Halliburton el pasado 26 de abril. El comunicado de OFAC tiene fecha del
4 de mayo, aunque no precisa si la imposición de la multa ocurrió antes
o después de que Halliburton tomara las riendas de la compañía británica.
La multa de PSLES es la más alta entre las seis penalidades decretadas
por el Departamento del Tesoro contra seis firmas estadounidenses que
han violado las regulaciones comerciales con la isla durante el año
fiscal 2007.
La medida se produce en medio de crecientes expectativas sobre la
prospección petrolera cerca de las costas de la isla. La apuesta cubana
en el Golfo de México comprende una superficie de 112,000 kilómetros
cuadrados con 59 bloques en licitación, una veintena de los cuales han
sido ya contratados por firmas como Sherritt, Repsol (España), Videsh
(India), Petronas (Malasia) y PDVSA (Venezuela).
En el período fiscal anterior, OFAC había impuesto una sanción de
$171,300 a Dresser-Rand Group, una poderosa firma de tecnología para la
explotación de hidrocarburos. La compañía, radicada en Nueva York,
vendió equipos a la Moa Nickel S.A. a través de una sucursal brasileña,
entre el 2002 y el 2005.
La empresa minera Moa Nickel S.A. es propiedad conjunta del gobierno
cubano y el consorcio canadiense Sherritt International, que ha
realizado excavaciones petroleras en Cuba por más de una década. Por sus
relaciones con La Habana, a ejecutivos de Sherritt y sus familiares se
les ha negado visa estadounidense en varias ocasiones.
Algunos expertos cuestionan las represalias contra compañías privadas
como PSLES, mientras firmas estatales como PDVSA y China National
Petroleum (CNPC) tienen abultados negocios en la industria petrolera
cubana y, al mismo tiempo, se les permite operar con sucursales en
Estados Unidos.
''Me parece una gran paradoja que las compañías estatales de Venezuela y
China le estén brindando tremendo apoyo económico y tecnológico al
gobierno cubano, y sus filiales en territorio estadounidense permanezcan
intocables'', opinó el ex ejecutivo petrolero Jorge R. Piñón,
investigador principal del Centro de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos
(ICCAS) de la Universidad de Miami.
Piñón mencionó que tanto PDVSA como CNPC tienen sucursales en Houston:
CITGO Petroleum y Great Wall Drilling (GWDC) America. Sin embargo, las
leyes estadounidenses impiden sancionar a sucursales por considerarse
que las mismas no tienen autoridad sobre las decisiones de sus casas
matrices.
GWDC China firmó en el 2005 un contrato para servicios de perforación en
Cuba, valorado en $24 millones.
Su sucursal GWDC America opera equipos de perforación en Texas y
Louisiana, en colaboración con la empresa estadounidense Andrews
Technologies.
En asociación con la estatal Cuba Petróleo (CUPET), PDVSA ha
automatizado el proceso productivo de la refinería de Cienfuegos, que
comenzará sus operaciones el próximo enero, con una capacidad inicial de
65,000 barriles diarios. Los terrenos de la refinería cienfueguera
fueron expropiados a la familia cubanoamericana Cacicedo González tras
la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.
El abogado Nick Gutiérrez, quien representa a decenas de familias
expropiadas por el régimen castrista, afirmó que no está cruzado de
brazos respecto a lo que considera una apropiación de PDVSA.
''Hemos notificado el caso al Departamento de Estado y llevaremos
adelante nuestra reclamación'', declaró Gutiérrez, que no exime de
responsabilidades a CITGO Petroleum.
Durante el presente año fiscal, las multas impuestas por OFAC a
individuos y compañías transgresoras del embargo ascienden a $229,782.
En el período fiscal 2006 las penalidades sumaron $265,270, una cifra
muy inferior a los $529,000 del 2005.
wcancio@elnuevoherald.com
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