Una oportunidad para Cuba

Una oportunidad para Cuba
La esperada vuelta de La Habana a la Organización de Estados Americanos
(OEA) debería contribuir a la democratización del régimen. El riesgo es
que pueda interpretarse como una legitimación del comunismo
RAFAEL ROJAS 24 NOV 2014 - 00:00 CET
RAQUEL MARÍN

En abril del próximo año tendrá lugar en Panamá la Cumbre de las
Américas, a la que asistirán todos los mandatarios del continente. El
tema de la reunión, según anunció la cancillería panameña a mediados de
octubre, será Prosperidad con equidad: retos de la cooperación en las
Américas. Bajo ese manto temático, la Organización de los Estados
Americanos (OEA) busca crear un clima de confianza, que haga sentir
cómodos a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, América Latina y el
Caribe, en un debate sobre las prioridades de colaboración regional en
materias de salud, educación, medio ambiente, seguridad y gobernabilidad
democrática.

A pesar de que las condiciones parecen inmejorables para lograr ese
objetivo —todos los gobiernos de la región, menos uno, son democráticos
y todos sufren, en mayor o menor medida, la desigualdad, la inseguridad,
el deterioro del medio ambiente y el acceso inequitativo a la educación
y la salud—, la cumbre de Panamá no estará únicamente centrada en el
protocolo de la colaboración interamericana. Un tema aparentemente
lateral, el reingreso de Cuba a la OEA, acompañará ruidosamente la
cumbre —ya lo está haciendo— y decidirá, en buena medida, el saldo de la
reunión presidencial en esa ciudad centroamericana.

Si Raúl Castro acepta, finalmente, la invitación de la OEA y de la
cancillería panameña, por primera vez, desde 1962 o, más claramente,
desde 1956, un jefe de Estado cubano asistirá al más importante foro
interamericano. Fue justamente en Panamá, en aquel año, cuando Fulgencio
Batista asistió a una cumbre de mandatarios americanos, en la que
coincidió con el presidente Dwight Eisenhower. El discurso de Batista en
Panamá estuvo inscrito en el anticomunismo hemisférico, que entonces
guiaba la política exterior de Washington. Decía Batista que en América
Latina existía un anticomunismo más débil que en Estados Unidos porque
el "asunto del comunismo internacional" resultaba "desagradable" a los
gobiernos de la región, que, equivocadamente, se "inclinaban a posponer
para mañana esa enorme amenaza".

En 1956 Batista no era formalmente un dictador, ya que en noviembre de
1954, dos años después del golpe de Estado que lo llevó al poder, había
sido electo presidente, aunque con la abstención electoral de la
oposición y el control autoritario del proceso. Luego de la elección, el
general decretó una amplia amnistía, que favoreció a Fidel Castro, quien
pasó menos de dos años en la cárcel por haber asaltado un cuartel del
ejército, y también al ex presidente Carlos Prío Socarrás, que regresó a
la isla, como muchos otros exiliados en México, Venezuela, Europa y
Estados Unidos. Batista también restableció, nominalmente, la
Constitución de 1940, pero en la práctica siguió gobernando
dictatorialmente, sin oposición y con una represión sistemática de la
juventud revolucionaria.

En Panamá, Batista habló a nombre de los viejos o nuevos dictadores
anticomunistas latinoamericanos (Marcos Pérez Jiménez, Gustavo Rojas
Pinilla, Rafael y Héctor Bienvenido Trujillo, Anastacio y Luis Somoza,
Alfredo Stroessner, Francois Duvalier…), algunos de los cuales, como
Pérez Jiménez, Somoza, Trujillo y Stroessner también estuvieron
presentes en aquella cumbre. A pesar de que esa lucha de "naciones
libres y soberanas" contra la "gran calamidad" del comunismo, en
palabras de Batista, se planteaba en nombre de la "democracia", lo
cierto era que Estados Unidos apoyaba dictaduras militares y diversas
variantes de autoritarismo, con tal de que se sumaran a la agenda
anticomunista.

Tras el triunfo de la Revolución Cubana, en enero de 1959, Cuba
permaneció dentro de la OEA y su primer embajador fue el experimentado
político de la izquierda no comunista, Raúl Roa García. Siendo ya
canciller, Roa participó en una reunión de ministros de exteriores de
América en San José, Costa Rica, en agosto de 1960, que sin expulsar a
la isla de la organización, condenó la intervención de potencias
extranjeras en asuntos americanos, en alusión a las crecientes
relaciones militares y comerciales del gobierno cubano con la URSS y
otros países comunistas de Europa del Este y Asia. Roa y la delegación
cubana abandonaron la reunión de San José, en protesta contra la
resolución, y Fidel Castro lanzó la Primera Declaración de La Habana,
frente a cientos de miles de seguidores, en la Plaza de Revolución.

En 1961 y 1962 tuvieron lugar en Punta del Este, Uruguay, dos
conferencias de la OEA. La primera fue una "reunión de consulta", en la
que el gobierno de John F. Kennedy presentó el proyecto de la Alianza
para el Progreso, como alternativa geopolítica al ya declarado
socialismo prosoviético cubano, en la que también participó el Che
Guevara. En la segunda de aquellas reuniones, de cancilleres de la
región, en la que intervino el presidente de la isla Osvaldo Dorticós,
se decidió la expulsión del país caribeño de la OEA, por haber adoptado
una forma de gobierno marxista-leninista, contraria a los principios y
objetivos del sistema interamericano. La resolución fue aprobada por 14
votos y seis abstenciones, de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador
e, incluso, México.

Con frecuencia se dice que México se opuso a la expulsión de Cuba de la
OEA, pero, técnicamente, los mexicanos firmaron la Declaración de San
José y se abstuvieron de votar, en Punta del Este, la resolución final.
México, en cambio, apoyó la Alianza para el Progreso, la separación de
Cuba de la Junta Interamericana de Defensa y la creación de una Comisión
de Seguridad que investigara el apoyo de La Habana a la "subversión
comunista". En su discurso en Punta del Este, el embajador mexicano
Manuel Tello reconoció la autodeterminación de Cuba, pero sostuvo la
"incompatibilidad radical entre la pertenencia a la OEA y una ideología
y un sistema político que es del todo extraño al que hasta ahora ha sido
el denominador común de las instituciones propias de los pueblos del
Nuevo Mundo". Tan extraño, agregaba Tello, como una "monarquía absoluta".

De manera que en 1962 la exclusión de Cuba de la OEA generaba consenso
en América Latina. Más de medio siglo después, lo que genera consenso es
lo contrario: la inclusión de la isla del sistema interamericano. Ese
cambio de posición no se debe tanto a las reformas del gobierno de Raúl
Castro, que la región considera insuficientes, como al fin de la Guerra
Fría y a la ausencia de un bloque comunista internacional interesado en
destruir las instituciones democráticas en América Latina. La depresión
geopolítica de la corriente bolivariana, que pugnó por reemplazar a la
OEA con la CELAC, también favorece esa atmósfera favorable al reingreso
de Cuba. No es el bloque bolivariano sino algunos de los gobiernos con
mayores credenciales democráticas de la región los que defienden, con
vehemencia, la vuelta de la isla a la OEA.

¿De dónde provienen las principales resistencias? En primer lugar, del
gobierno cubano, que en la pasada cumbre de Cartagena, en 2012,
estableció como posición oficial la asistencia al foro sin reintegrarse
a la institución. En segundo lugar, de la derecha anticomunista
norteamericana o cubano-americana, que rechaza cualquier normalización
de relaciones con la Habana, antes de que desaparezca o se democratice
el régimen cubano. Y en tercer lugar, de la propia administración Obama
y su Departamento de Estado que, a pesar de que en 2012 exigieron a Raúl
Castro aceptar la reincorporación a la OEA, ahora dudan de asistir a
Panamá porque el régimen cubano viola el sistema interamericano de
derechos humanos, consagrado en la Declaración de Quebec de 2001.

Si hay algo en lo que concuerdan Washington y La Habana, la OEA y
América Latina es que en Cuba persiste un sistema comunista, al que no
aspira, siquiera, la mayoría de las izquierdas de la región. Lo que
inclina a la propia institución y al continente a invitar al gobierno
cubano a ese foro es el deseo de contribuir a la democratización de la
isla por medio de la integración, no de la exclusión o el aislamiento.
El riesgo es que el gobierno cubano y sus aliados bolivarianos asuman el
regreso al sistema interamericano como una legitimación del comunismo,
es decir, como el derecho de un régimen no democrático a pertenecer a
una organización de estados democráticos. Existen, sin embargo, fórmulas
diplomáticas para exigir, de manera inequívoca, al gobierno de Raúl
Castro que se incorpore a la organización por medio de la suscripción y
el acatamiento de la carta interamericana de derechos humanos.

Rafael Rojas es historiador

Source: Una oportunidad para Cuba | Opinión | EL PAÍS -
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