Laritza Diversent
LA HABANA, Cuba, agosto (www.cubanet.org) - Teófilo Roberto López, a sus
66 años, vive la peor experiencia de su vida. La Dirección Municipal de
la Vivienda de Arroyo Naranjo ejecutará, un proceso de confiscación en
su contra, por orden de la ministra de Finanzas y Precios, Lina Olinda
Pedraza. En cualquier momento será desalojado de la casa que construyó
con su esfuerzo propio.
Pedraza, amparada en el Decreto Ley 149 "sobre confiscación de bienes e
ingresos mediante enriquecimiento indebido", ordenó, en julio de 2009,
la confiscación, con efecto retroactivo, de los bienes obtenidos por
Teófilo Roberto en el período 1998-2008.
La disposición se aplica como medida ejemplarizantes contra quienes
obtienen un patrimonio ilegítimo, resultado del robo, la especulación y
el desvió de recursos de entidades estatales, participación en negocios
turbios, actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento.
Sin embargo, las conductas, calificadas por la propia disposición
jurídica como "actividades delictivas", son juzgadas por una autoridad
de la administración pública. La Fiscalía General, órgano que tiene a su
cargo el ejercicio de la acción penal pública en representación del
Estado, decidió promover contra López Licor un procedimiento
administrativo antes de activar la vía judicial por la comisión de delitos.
Teófilo Roberto es trabajador por cuenta propia desde que se jubiló en
1996. Tiene en su poder documentos expedidos por la oficina tributaria,
que acreditan ingresos como cuentapropista, por más de medio millón de
pesos cubanos. Sin embargo, la Ministra Pedraza, también miembro del
Comité Central del Partido Comunista, los desestimo, y alegó que había
contratado fuerza de trabajo. No obstante, la resolución ministerial
dictada por la ministra, no hace referencia a ninguna sanción penal
impuesta a López.
El pasado primero de agosto, Raúl Castro anunció que el gobierno
eliminaría varias prohibiciones vigentes y flexibilizaría la
contratación de fuerza de trabajo. No obstante, la implementación de las
mismas exige reformar el ordenamiento jurídico.
Por otra parte, la legislación penal prohíbe contratar mano de obra o
utilizar medios o materiales de procedencia ilícita, aun teniendo
licencia. Por otra, el Decreto-Ley 149 violenta el derecho de propiedad
y coloca al ciudadano en estado de indefensión ante los excesos del
gobierno.
La norma dispone que la sanción de confiscación sea aplicada por una
autoridad administrativa cuando la Constitución de la República, la Ley
Procesal Penal y la Ordenanza de los Tribunales Populares, garantizan
que "nadie puede ser encausado ni condenado si no por tribunal
competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las
formalidades y garantías que estas establecen".
Las medidas anunciadas por el gobierno responden a un nuevo escenario
económico, pero también deben proporcionar a los trabajadores por cuenta
propia el disfrute de garantías legales que protejan sus intereses
individuales. El caso de Teófilo Roberto demuestra que falta mucho por
hacer para que eso suceda.
http://www.cubanet.org/CNews/year2010/agosto2010/10_C_1.html
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