Dada la gravedad de la situación económica del país, las soluciones no
se encontrarán a través de parches, sino mediante una transformación radical
Oscar Espinosa Chepe, La Habana | 09/09/2010
Por el Acuerdo 6853 del Consejo de Ministros, del 24 de Junio de 2010,
fue autorizada "…la comercialización de productos agrícolas en puntos de
venta o kioscos situados en comunidades colindantes a carreteras o
autopistas, en los que venden sus productos agrícolas las formas de
producción a las que se le asignen la administración de dichos puntos de
ventas, luego de cumplir el contrato con el Estado…".
En cumplimiento de lo establecido en este Acuerdo, las formas de
producción y los concurrentes están sujetos al pago de impuestos,
tarifas y otras obligaciones. Por ello, el Ministerio de Finanzas y
Precios emitió la Resolución No. 206 del 2010 el 23 de julio, donde se
determina que a la venta de productos agrícolas en los puntos de venta o
kioscos, provenientes de patios, traspatios y parcelas o que se acopian
en lugares intrincados o de difícil acceso, o de las propias formas de
producción que administran los puntos de venta, se les aplicará un
impuesto del 5% sobre las ventas.
Asimismo la Resolución No. 206/10 establece que las formas de producción
propietarias de los puntos de venta o kioscos cobrarán por el contrato
de arrendamiento que suscribe con los concurrentes una tarifa de hasta
el 5% de las ventas diarias. Además, por la utilización de tierra
estatal para construir puntos de venta o kioscos colindantes a
carreteras y autopistas, aportarán al presupuesto del Estado
mensualmente el 2% de las ventas diarias. Las personas naturales que
como trabajadores por cuenta propia ejerzan la actividad de vendedor de
producción agrícola en estos establecimientos pagarán una contribución a
la seguridad social de acuerdo a una tabla descrita en la Resolución.
Aunque estos pasos pudieran aportar alguna flexibilidad a la rígida
comercialización de los productos agropecuarios, por sus prohibiciones,
limitaciones y la permanencia de una serie de mecanismos de gestión
obsoletos, la medida no resolverá la grave situación del acopio y
posterior comercialización de los productos provenientes del campo cubano.
Las llamadas formas de organización que administrarán los puntos de
venta o kioscos son las mismas organizaciones estatales o supuestas
cooperativas autorizadas actualmente, por lo que todo se mantendrá
controlado por el gobierno. Persiste la obligación de vender al Estado
al precio que fija para los productos, casi siempre por debajo de los
existentes en el mercado. Como se conoce, los campesinos tienen que
entregar al Estado alrededor del 70% de su producción agrícola como
condición para que puedan vender sus excedentes de forma libre y obtener
ingresos superiores.
Aunque parece que habrá ciertas posibilidades para que los agricultores
de zonas suburbanas puedan llevan sus productos a los puntos de ventas o
kioscos ahora abiertos, nada indica que los esquemas de acopio tan
dañinos a la agricultura cubana serán modificados sustancialmente.
El mayor problema de la agricultura cubana es la falta de producción y
productividad. Sin embargo, la carencia de abastecimiento de alimentos
nacionales también es una consecuencia de las dificultades en el acopio
y posterior comercialización de los productos, incluida la venta al
detalle. Gran cantidad de productos, por deficiencias de acopio, no se
recogen en los campos y se pierden. Los colectados, después tienen
enormes mermas por la inadecuada manipulación y las enormes demoras en
el traslado, que originan la pudrición de un elevado porcentaje de
productos perecederos. Aquellos ofertados a los consumidores llegan
generalmente con una ínfima calidad. En esto incide negativamente el
burocratismo en el proceso de comercialización, que, entre otras cosas,
retarda el ajuste de los precios a las realidades del mercado, y cuando
esto se hace ya el daño está consumado.
Por supuesto hay otros factores, como la falta de capacidad de
procesamiento industrial de los productos agrícolas, con escasas
instalaciones que, además, trabajan con equipamiento anticuado, muchas
veces en condiciones antihigiénicas, donde los obreros por lo regular
trabajan artesanalmente, con baja productividad y en pésimas condiciones
laborales. Así frecuentemente partes considerables de cosechas se
pierden, como sucedió con la de tomate en 2009, debido en apreciable
medida a la inexistencia de una ágil rebaja de los precios que habría
permitido un consumo más elevado por la población y reducido las pérdidas.
Actualmente las producción de plátano vianda y boniato tiene
significativas pérdidas en el campo y los patios de los centros de
acopio, mientras estos alimentos habían faltado en los mercados en los
últimos meses, en particular el plátano. La situación es tan impactante,
que ha llegado hasta la televisión. Al divulgarse el escándalo, el
precio del plátano vianda se redujo en dos tercios (de 1,50 pesos la
libra a 0,50 en La Habana) y el boniato (de 0,40 a 0,20). Esto podría
haberse evitado, o disminuido los daños, si los productores y
comercializadores —incluidos los detallistas— tuvieran libertad para
enviar las mercancías hacia otros mercados y ajustar los precios sin
esperar decisiones superiores.
Dada la gravedad de la situación económica del país, las soluciones no
se encontrarán a través de parches, sino mediante la transformación
radical de los absurdos mecanismos productivos y comercializadores. La
agricultura demanda la entrega real de la tierra a los productores, con
plena libertad para hacerla producir y el derecho de los campesinos a
disponer del fruto de su trabajo.
Esto supone que termine la entrega forzada al Estado de los productos,
sustituyéndose ese esquema fracasado por el pago de impuestos y
contribuciones como se hace en el mundo entero. Hasta tanto eso se
realice, los resultados obtenidos serán mínimos, al igual que lo
sucedido con la entrega de las tierras en usufructo, proceso que a pesar
de tener dos años, no ha logrado aumentar la producción agropecuaria.
Con tímidas e insuficientes medidas no se resolverá el grave problema de
la alimentación de los cubanos.
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