Martes 21 de Septiembre de 2010 16:03 Michel Suárez, Madrid
El gobierno ha anunciado, nada menos que a través de los sindicatos, una
drástica reducción del empleo estatal. La asfixia económica del país, el
alto grado de incertidumbre sobre los resultados electorales de
Venezuela y la creciente desafección interna, han obligado a las
autoridades a soltar lastre en algunos asuntos hasta ahora "estratégicos".
Pero, ¿qué diferencia a esta operación económica de la instrumentada por
el régimen en 1993, desmontada tres años después por razones políticas?
Al inicio del "período especial", la autorización del trabajo por cuenta
propia no se hizo acompañar de una radical disminución del empleo
estatal y, más que una línea de desarrollo, fue concebida como un
remiendo temporal para aplacar el hambre y frenar el descontento.
Ahora el gobierno repite estos dos últimos objetivos, porque la
situación es igual de calamitosa, pero introduce decisiones inéditas: el
cese de medio millón de trabajadores públicos convierte el plan de Raúl
Castro en el mayor reajuste "neoliberal" de la historia de Cuba, si se
utiliza la misma terminología aplicada por el régimen a procesos
similares en otros países.
Aunque en la Cuba de los hermanos Castro la lógica es un raro suceso,
los despidos masivos convierten la reforma laboral, sea cual fuere su
calado, en prácticamente irreversible. Otro asunto relevante es el
proceso impositivo que le acompaña.
La carga fiscal será elevada, según los escasos detalles trascendidos,
pero la afiliación obligatoria a la seguridad social sugiere, a la vez,
una apuesta menos provisional por la pequeña actividad privada. Mientras
las dudas sobre la durabilidad del plan parecen estar despejadas, no
puede asegurarse lo mismo sobre la intencionalidad política del proceso.
Las reformas apuntan al fomento del timbiriche, a la economía de
subsistencia, y no a la creación de un verdadero tejido empresarial en
el que se garantice el funcionamiento natural del mercado. Sin fuertes
eslabones en la cadena de producción, distribución y comercialización,
ni claridad sobre el crédito, la inversión, la propiedad o la capacidad
de reproducción capitalista, la pretendida "actualización del modelo" no
será más que una tomadura de pelo.
Las informaciones circuladas entre miembros del Partido Comunista,
acerca de la carga impositiva que sufrirían los cuentapropistas,
advierten de un irracional afán recaudatorio y de una estrategia
encaminada a limitar la envergadura de las nuevas "empresas". Llama la
atención que los sectores más problemáticos del país —la alimentación y
el transporte— serán los más castigados desde el punto de vista fiscal.
La "reforma" de Raúl Castro también revela una orientación casi
exclusiva hacia los oficios, dejando prácticamente fuera cualquier
reacomodo de los profesionales en el sistema, cuyas actividades
continuarán dependiendo de "papá Estado".
Quizás en el futuro haya más pizzas o taxis en la calle y los barberos y
mecánicos sean más eficientes, pero las medidas del régimen no sacarán a
Cuba de la crisis. No crece ni compite un país que penaliza la
innovación y las ambiciones.
Son demasiados los puntos débiles de la propuesta que se "debate". A
saber, un mercado inmobiliario secuestrado por el gobierno; ausencia de
libertades de asociación con nacionales residentes en otros países o con
extranjeros; una presión fiscal disuasoria y falta de reglas claras
sobre el concepto castrista de "pequeña y mediana empresa", entre otros.
Dejando fuera el marco político, que se mantendrá inamovible, es
evidente que cualquier reforma económica sólo tomará algún vuelo cuando
Raúl Castro vista el traje de Deng Xiaoping y diga sin complejos que
"enriquecerse es glorioso".
http://www.diariodecuba.net/opinion/58-opinion/3283-la-ley-del-timbiriche.html
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