Oscar Espinosa Chepe
LA HABANA, Cuba, septiembre (www.cubanet.org) - En un movimiento
dirigido a alentar las inversiones extranjeras, las autoridades cubanas
emitieron el Decreto-Ley No. 273 para modificar los artículos 221 y 222
del Código Civil, Ley No. 259 del 16 de julio de 1987. Las
modificaciones esenciales son que "el derecho de superficie puede
concederse por un término de hasta 99 años. Cuando el derecho se otorgue
por un período inferior, puede ser prorrogado hasta dicho término en
virtud de la solicitud formulada por el titular, antes de la fecha de su
vencimiento".
Muchos analistas consideran con fundamento que el gobierno cubano está
preparándose para el eventual levantamiento por Estados Unidos de las
prohibiciones a sus ciudadanos para visitar a Cuba. Pronósticos de
especialistas de ese país vaticinan que durante el primer año viajaría
un millón de personas, quienes poseerían una capacidad de gastos
superior a la de los turistas actualmente recibidos.
De hecho, la autorización de la Administración Obama a los
cubano-americanos ha significado un incremento apreciable en la cantidad
de visitantes. Según fuentes extraoficiales, en el primer semestre de
2010 se recibieron 175 mil 212 cubanos residentes en el exterior, para
un incremento del 35,4% con respecto a igual periodo de 2009.
Representan el 12,6% de todas las llegadas, sólo superadas por los
turistas canadienses, pero duplican las procedentes de Reino Unido que
ocupan el tercer lugar.
Los atractivos turísticos cubanos inexplotados son considerables. En
2009, arribaron 2,4 millones; volumen sustancialmente inferior a los
recibidos en República Dominicana y Puerto Rico, que poseen menos
recursos naturales para competir en la actividad, como áreas de costa y
playa.
El negocio turístico no radica en recibir personas, sino en obtener
ganancias con una gestión racional y eficiente. En las actuales
condiciones, si llegaran millones de turistas norteamericanos la
propensión marginal a importar crecería aún más. Cuba ha estado
importando más del 80,0% de los alimentos consumidos; esto crecería
adicionalmente, si se produjera un incremento sustancial del turismo, en
particular el norteamericano, acostumbrado a consumir productos de
elevada calidad, sin que hubiera un correspondiente crecimiento de la
oferta interna. Similar necesidad podría ocurrir con los artículos de la
industria manufacturera, cuyos niveles productivos presentes son
inferiores al 50,0% de los existentes en 1989. Por ello no
sorprendería que, si se abriera el turismo norteamericano,
paradójicamente podría suceder que los verdaderos beneficiados serian
los granjeros y negociantes de alimentos de Estados Unidos, lo cual
también ocurriría con los exportadores de otros países.
Hoy se considera la construcción de una poderosa infraestructura
turística en Cuba, incluida la edificación de una docena de complejos
con campos de golf, valorados en cientos de millones de dólares. Se ha
informado la existencia de cartas de intensión suscritas con España,
Canadá, Gran Bretaña, y hasta Viet Nam ha mostrado su interés en estos
negocios. De todas formas habría que importar gran parte de los
recursos necesarios para esas construcciones, pero realmente el país
tiene condiciones para participar en el suministro de materiales de
calidad para las obras y sustituir un alto porcentaje de las
importaciones inducidas. Sería una pena y una vergüenza que nuestra
participación en esos procesos inversionistas fuera de figurantes y
aportadores de fuerza de trabajo, bellos panoramas naturales, superficie
e insignificantes cantidades de recursos materiales.
La ampliación del derecho a 99 años es un paso correcto, aunque
insuficiente si no es acompañada por la participación de la economía
cubana de forma integral en la creación de las estructuras para
convertir Cuba en un polo turístico importante, poder explotar
adecuadamente las potenciales condiciones existentes y convertir esta
actividad en la locomotora requerida por la economía cubana. Para
lograrlo resulta indispensable una nueva mentalidad económica y liberar
las fuerzas productivas. Es contradictorio que se eleve a 99 años el
derecho de superficie a los inversionistas extranjeros, pero se mantenga
sólo a 10 años, renovable a otros 10, si se aprueba, el derecho de los
usufructuarios nacionales a cultivar pequeñas parcelas agrícolas.
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