[13-12-2011]
Elías Amor Bravo
Economista ULC
(www.miscelaneasdecuba.net).- El portavoz oficial del régimen castrista
Granma publica un artículo hoy titulado "¿Por qué pagamos impuestos?"
que contiene una serie de afirmaciones incorrectas que merecen ser
desveladas para que la opinión pública no se confunda con respecto a una
cuestión crucial, que es la responsabilidad fiscal.
La restructuración del sistema tributario cubano —puesta en marcha desde
el año pasado— ha propuesto la revisión y actualización de las normas
impositivas vigentes, respecto de las exigencias del desarrollo
económico y social del país. En suma, cómo cargar fiscalmente a las
nuevas actividades por cuenta propia sin que el Estado reduzca su
participación y control sobre la economía. Complicado.
Vaya por delante que un sistema tributario moderno, eficaz y eficiente,
debe estar cimentado sobre una estructura política democrática, en la
que los ciudadanos tengan la posibilidad de trasladar al gobierno, a
través de sus representantes elegidos en opciones políticas plurales,
sus deseos y demandas en cada momento del tiempo. Cuando esta estructura
política es inexistente, o se intenta soslayar, como hace el régimen
castrista, hay que contemplar el asunto del pago de los impuestos de
otra forma.
En estas condiciones, la fijación de los impuestos se parece mucho más a
la época feudal, en la que los señores con el poder despótico que
ejercían sobre los siervos, detraían todo el excedente por medio de
impuestos confiscatorios, incluyendo el derecho de pernada que
seguramente todavía puede ser observado en algún comportamiento
de esos que se alardean en medios oficiales.
Por otra parte, el sistema tributario no exige solamente un modelo
político democrático y plural, sino que se basa en la existencia de una
economía mixta, en la que sector privado y público conviven en armonía
sin que uno de ellos ejerza poder coercitivo alguno sobre el otro.
Cabría preguntarse si esta situación se observa en la economía
castrista, en la que no existen derechos de propiedad, en la que
cualquier acumulación de renta y riqueza es penalizada por las
autoridades, y en la que el mecanismo de asignación de recursos continua
basado en la ineficiente planificación central burocrática que se
resiste a la fuerza dinámica del mercado, relegado a un conjunto
limitado de actividades que precisamente son las que se han puesto en el
punto de mira del sistema recaudador de impuestos.
Por todo ello, el régimen castrista no puede pretender situarse respecto
de la fiscalidad en los mismos términos que lo hacen las democracias
occidentales, España, Alemania, Francia. Cuando un ciudadano cubano
acude a una consulta médica o recibe clases en un instituto, en que es
beneficiario de la asistencia o la seguridad social debe saber que esas
actividades se financian con el producto de su trabajo, que es absorbido
en un alto porcentaje por el sistema de planificación central impidiendo
así que se beneficie plenamente del mismo. Así, por ejemplo, y con datos
de CEPAL, la participación de los ingresos y gastos estatales en el PIB
de la economía castrista rebasa el 50%, porcentaje que supera en más de
veinte puntos a la media regional. Ningún otro país de la Región o del
mundo occidental alcanza porcentajes similares.
Cuando un ciudadano argentino, peruano o chileno trabaja y produce, su
salario se fija en términos de su productividad, de los precios de
mercado, de la competitividad de la empresa en la que trabaja, de su
conocimiento y destrezas, de las necesidades de otras empresas privadas
para producir. En el régimen castrista, esas consideraciones no figuran
en la agenda de fijación de salarios por el planificador central, y por
eso, el salario medio de un cubano apenas supera los 445 pesos (18 euros
al cambio actual), uno de los más bajos de la Región. ¿Es que los
cubanos son improductivos y no merecen un salario mayor? No lo creo. Y
el régimen justifica este bajo salario por el conjunto de bienes y
servicios gratuitos que el Estado proporciona, que proceden de la
productividad de los trabajadores y del beneficio de explotación de las
empresas. Todo ello absorbido por el aparato estatal intervencionista y
de corte estalinista que lleva sometiendo al pueblo cubano más de medio
siglo.
Cabe preguntarse qué obligaciones tributarias deben cumplir los cubanos
cuando el Estado les retiene directamente una parte muy relevante de su
contribución al producto nacional. Una parte que debería ir dirigida a
los ciudadanos de forma directa, elevando los salarios para facilitar
así su libertad de elección en mercados libres y competitivos. Si ello
fuera así, el estado comunista e intervencionista no tendría que
proporcionar tantas gratuidades, ya que la elección mayoritaria de los
ciudadanos se dirigiría, casi seguramente, con un mayor poder
adquisitivo, a comprar bienes y servicios privados, de alta calidad y en
los que la variedad permitiera realizar una elección óptima. En el
régimen castrista, donde las bases de la elección individual han sido
pisoteadas por los poderes públicos en beneficio de la pervivencia del
sistema económico, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Las reformas que se han introducido en el sistema tributario castrista
son injustas, parciales, asimétricas porque recargan la mayor parte de
la presión recaudatoria sobre las nuevas actividades que se ejercen por
cuenta propia, que además, son las que muestran un nivel de crecimiento
de la productividad y del excedente superior al de las empresas de
titularidad estatal, que participan de la recaudación por otros
mecanismos no tributarios de exacción.
Esta orientación de la carga tributaria hacia los resquicios de la
actividad privada del régimen se utiliza como instrumento de control de
estas mismas actividades para evitar su expansión y que se conviertan en
contra poderes al sistema político e institucional. Como señalan las
autoridades, esta recaudación sobre la actividad privada, y cito
textualmente el artículo "toma diferentes destinos: educación, cultura y
deporte, salud pública, tribunales, fiscalías; e incluso, algunas
organizaciones no gubernamentales que el Estado subvenciona porque no
generan ingresos suficientes para cubrir sus gastos, como la Fundación
del Hombre y la Naturaleza, el plan para el desarrollo de la zona
montañosa Turquino-Manatí, entre otros".
Es decir los nuevos trabajadores por cuenta propia están siendo
utilizados como instrumentos recaudatorios para financiar la estructura
de gasto ineficiente del aparato del estado castrista, en vez de
canalizar esa recaudación en forma de ayudas directas, estímulos
fiscales, para facilitar la expansión de estas nuevas actividades, lo
que sería más razonable en términos económicos, y desde luego posible,
en un sistema democrático y plural.
http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=34582
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