La transformación de la banca cubana, ¿regreso a la racionalidad?
Se ha puesto fin a la virtual prohibición de relaciones económicas y
comerciales entre el sector estatal y el privado
Oscar Espinosa Chepe, La Habana | 09/12/2011
Con el Decreto-Ley No. 289 a partir del 20 de diciembre la banca cubana
ampliará su política crediticia y modificará sustancialmente los
criterios que han regido las relaciones económicas y comerciales entre
el sector estatal y el privado.
Por tanto se otorgarán créditos en moneda nacional a los trabajadores
por cuenta propia, los agricultores pequeños que acrediten legalmente la
tenencia de la tierra y a personas que ejercen otras formas de gestión
no estatal. Asimismo, se ofrecerán préstamos para la compra de
materiales de construcción, pagar la mano de obra de acciones
constructivas, la adquisición de bienes para la propiedad personal o
para satisfacer otras necesidades. Aunque esa última modalidad se
aplicará progresivamente "en la medida en que las condiciones económicas
y financiera del país lo permita", según se afirma en el citado documento.
Para los cuentapropistas el mínimo de los créditos otorgados será de 500
pesos y para los agricultores de 3000 pesos, con lo cual se termina la
práctica de poner límites al monto del préstamo. Desde ahora estos se
fijarán por el banco de acuerdo con las garantías de amortización
presentadas por los solicitantes, que podrían incluir hasta hipotecas
sobre solares yermos y viviendas ubicadas en zonas destinadas al
descanso o veraneo. Desafortunadamente los préstamos solo podrán ser
dados en pesos cubanos (CUP). De solicitarse el crédito para la
adquisición de bienes comercializados en pesos convertibles (CUC), su
otorgamiento se hará considerando la tasa de cambio vigente para la
población de compra de pesos convertibles, según el Artículo 17 de la
Resolución No.99/2011 del Banco Central de Cuba. Un mecanismo que creará
dificultades y engorrosas transacciones en un país donde la mayoría de
los bienes solo pueden adquirirse con pesos convertibles; situación que
pudiera evitarse con el otorgamiento de créditos en la mencionada
moneda, hasta que termine la perniciosa realidad de la dualidad monetaria.
Adicionalmente, finaliza la virtual prohibición de relaciones económicas
y comerciales entre el sector estatal y el privado. Hasta ahora solo se
podrían hacer operaciones hasta 100 pesos cubanos (unos 4 dólares), lo
cual en la práctica impedía contratar los servicios y adquirir productos
de procedencia no estatal. Esta posibilidad dará mayor flexibilidad a la
economía en su conjunto, ya que las entidades estatales no tendrán que
poseer inmensos y costosos grupos para el mantenimiento y hacer enormes
gestiones para comprar determinadas mercancías y servicios al recibirlos
del sector privado, mucho más eficiente, creándose para este último un
campo de acción más amplio y consecuentemente mayores posibilidades de
desarrollo.
Cuando se lee el Decreto-Ley No 289 y sus resoluciones complementarias,
se recuerdan los Manuales de Procedimientos de la banca cubana y
extranjera radicada en el país hasta 1960, cuando fue confiscada. En
este documento pueden apreciarse el regreso de instrumentos que
estuvieron erradicados en Cuba durante decenios, como el Pagaré, la
Letra de Cambio, la Hipoteca, la Prenda —bien entregado en garantía de
una obligación contraída— y tipos de Cheque —todavía en una forma muy
rudimentaria—, y otros que, aunque con restricciones, vuelven a estar
vigentes.
Hasta octubre de 1960, Cuba tenía una banca desarrollada y eficiente.
Lamentablemente a partir de 1965 se inició un irracional proceso de
acelerada destrucción de este decisivo elemento económico, al tiempo que
se acometió una campaña de supuesta "lucha contra el burocratismo", que
en realidad significó la destrucción del aparato administrativo
existente, incluida la valiosa experiencia acumulada durante mucho
tiempo en materia de contabilidad. Así también en una insensata
combinación de ignorancia, extremismo y estulticia, fue llevada a cabo
la "Ofensiva Revolucionaria", la cual ocasionó la cuasi destrucción del
tejido económico del país. Hechos bárbaros e incomprensibles, cuyos
maléficos efectos se hacen sentir todavía.
En aquellos terribles años, al final de los sesenta, muchos bancos
fueron cerrados y a su importante actividad se le atribuyó ser símbolo
del capitalismo. Los pagos de intereses se eliminaron hasta en las
cuentas de ahorro. Al unísono, todas las categorías bancarias se
borraron del panorama económico, junto con el fin de las relaciones
monetario-mercantiles entre las empresas. Incluso se pensó en eliminar
el dinero para ser sustituido por un sistema de repartición igualitaria
de los bienes, en un ambiente donde se llegó al extremo de marginar el
pretendido concepto marxista de distribución según el aporte de la
persona a la sociedad.
El Decreto-Ley No. 289 necesitará pasos adicionales para brindar los
beneficios necesarios. El crédito en primer lugar requiere la oferta de
bienes para comprar, así como un cuentapropismo próspero y con
suficientes condiciones para poder avanzar. Ello demanda que se amplíe
de forma sustancial el número de oficios permitidos, incluida la
autorización a los profesionales universitarios. Resulta indispensable
la drástica disminución de los impuestos que hoy se aplican a los
cuentapropistas, llevándolos a proporciones racionales, en particular
los relacionados con los ingresos personales y por la utilización de la
fuerza de trabajo, para que la iniciativa individual pueda crecer. Al
mismo tiempo se necesita la creación de un mercado mayorista donde los
trabajadores por cuenta propia puedan adquirir los insumos y equipos a
precios razonables.
En resumen urge la eliminación de dogmas que limitan el crecimiento de
la iniciativa individual y la comprensión de que, a mayor progreso de
esa actividad, habrá mayor riqueza para el país y una cuantía mayor de
impuestos pagados para financiar la educación, la salud, la seguridad
social y otros servicios. Hay que sustituir la mentalidad de
considerarla como un enemigo, por una nueva concepción que la vea como
una aliada y sustento para las políticas sociales. Por supuesto, esto
debe enmarcarse en un ambiente regulado, donde también puedan funcionar
las iniciativas públicas de forma coordinada.
Al mismo tiempo que debe reconocerse como positivo las entregas en
usufructo de tierra baldías, en un monto cercano al 1,4 millón de
hectáreas que ya tenían los campesinos particulares al cierre de 2007,
deben darse pasos adicionales para motivar la producción agropecuaria
generada por los usufructuarios. Entre las medidas a tomar debería estar
que puedan construir sus viviendas en los terrenos recibidos; aumentar
significativamente los plazos de tenencia de la tierra, y que la
extensión contemplada en el Decreto-Ley 259 sea ampliada, llegándose por
lo menos a 67,1 hectáreas. Asimismo que los descendientes puedan recibir
las tierras y bienhechurías en caso de fallecimiento del usufructuario.
Además, queda tierra ociosa o deficientemente cultivada por repartir,
incluidas áreas estales y de las UBPC que pudieran ser más rentables en
manos de los campesinos cubanos.
Estos y otros pasos son esenciales para que el crédito bancario pueda
jugar un papel importante en el desarrollo de Cuba. Los préstamos
indudablemente son un importante elemento para el incremento de la
producción y los servicios, pero siempre necesitarán que existan
incentivos y seguridades para que los productores estén dispuestos a
invertir y correr riesgos.
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