Disidentes cubanos excluidos del mercado laboral

Disidentes cubanos excluidos del mercado laboral
Los cubanos señalados como disidentes dicen que es casi imposible
encontrar trabajo a causa de los controles ferreos del Estado
jueves, mayo 15, 2014 | Osniel Carmona Breijo

LA HABANA, Cuba. – Durante décadas, el Estado cubano fue el único
empleador, y a pesar de las recientes reformas que permiten a la
limitada empresa privada, conocida como "cuentapropismo", conseguir una
licencia de operación, todavía implica la aceptación por parte de las
autoridades.

Renato Olazábal fue designado como "contrarrevolucionario", después de
un intento fallido de escape en una balsa a los Estados Unidos en 2006.

Olázabal, un Licenciado en Lengua Inglesa de 38 años, señaló que
posterior a su intento de escape fue casi imposible hallar un trabajo,
rechazado de cinco puestos de laborales en el sector público.

Dijo que aún cuando los candidatos cumplen los criterios para un trabajo
en particular, todavía tenían que ser aprobados por la Seguridad del
Estado y la Inteligencia Militar antes de ser ofrecido el puesto.

El proceso de selección consiste en interrogar a los vecinos de los
candidatos acerca de sus puntos de vista políticos; además, realizan
consultas entre los funcionarios locales de los Comités de Defensa de la
Revolución -una red de vigilancia barrial en todo el país-, el Partido
Comunista, de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.

"Se interesan mucho en si participaste de las votaciones, de la marcha
del 1º de Mayo y cosas así", dijo Olazábal. "Además preguntan a estas
personas si te consideran revolucionario o no".

Olazábal ahora mantiene a su familia con la venta de artesanías, con
riesgo de persecución, ya que no tiene una licencia de comerciante.

El periodista independiente y miembro veterano de la oposición, José
Fornaris, dijo que el mercado de trabajo es parte de un estado policial.

El gobierno es "dueño de las empresas, fábricas, instituciones, de toda
forma de empleo en general," dijo Fornanis. "Para las personas poder
ejercer lo que es su derecho al trabajo y sustentarse de manera digna,
tienen que someterse a las condiciones y chantajes del régimen".

Después que Fornaris se unió al Comité Cubano Pro Derechos Humanos en
1988, el acoso oficial lo obligó a abandonar su trabajo como periodista
y presentador en la estación nacional Radio Progreso.

En 1990, encontró trabajo como albañil, sólo para ser despedido cuando
un compañero de trabajo lo denunció, acusándolo de conspirar contra el
entonces presidente Fidel Castro.

"Querían inculparme alegando que la Sección de Intereses de Estados
Unidos [USINT, por sus siglas en inglés], me había entregado unos
explosivos para asesinar al entonces líder del régimen", señaló
Fornaris. "Estaban tratando de enjuiciarme como terrorista sin motivos
coherentes".

Después de ser absuelto de las acusaciones, Fornaris se convirtió en una
voz líder en el movimiento de oposición.

Recordó haber sido contactado por un agente de la seguridad cubana
conocida como "Sol", cuyo trabajo consistía en supervisar al personal
del Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT. El funcionario o
funcionaria se comprometió a restituirlo en Radio Progreso, y más tarde
una promoción a un puesto directivo en el Instituto.

El precio era que Fornaris debía abandonar sus actividades políticas y
colaborar con el régimen. Él rechazó la oferta.

Fornaris relata la historia como un claro ejemplo de cómo "los cuerpos
de inteligencia están involucrados en la toma de decisiones acerca de
quién es idóneo para trabajar en este país".

Después de que las leyes sobre las empresas privadas fueron
flexibilizadas, Fornaris solicitó una licencia de "cuentapropista" para
vender libros de segunda mano.

La empleada que lo atendido le aseguró que la obtendría con rapidez,
pues ese tipo de permiso no era muy solicitado.

Cuando la petición fue rechazada, la empleada estaba asombrada,
avergonzada e incapaz de dar una explicación lógica, recuerda Fornaris.

Fornaris ahora dirige la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, una
organización no reconocida por el gobierno y que tiene como objetivo
ayudar a mejorar el periodismo y promover la libertad de prensa en Cuba.

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