El desafío del Partido Comunista de Cuba
El fracaso de las transformaciones en el cuentapropismo y la agricultura
y en la reducción del déficit fiscal significarán la frustración del
programa de reformas propuesto
Rolando H. Castañeda, Washington | 06/04/2011
La responsabilidad del PCC en el VI Congreso del 16 al 19 de abril es
discutir y adoptar las medidas requeridas para que el país resurja de la
crisis socioeconómica o atenerse a las sombrías consecuencias y riesgos
de vivir en ella (o sea, ser un caso perdido de incapacidad interna de
transformación como señalara recientemente Carlos Solchaga). La reunión
se da en el contexto de una posible recaída del ritmo de expansión de la
producción global debido al aumento de los precios del petróleo por los
acontecimientos del Medio Oriente, los desastres de Japón y una
potencial crisis de la deuda soberana de los países del euro. De una
forma u otra, por acción o omisión, será una reunión clave.
Cuba está en una crisis socioeconómica cuya atención ha postergado desde
el histórico llamado del presidente general Raúl Castro a un nuevo
enfoque y a realizar cambios estructurales y de conceptos el 26 de julio
de 2007. Posteriormente, la crisis se acentuó por los tres huracanes que
azotaron la Isla en 2008 y la fuerte recesión/crisis financiera global
de 2008-2009. El Gobierno redujo los gastos públicos, incluso los gastos
sociales, los subsidios de alimentos y las gratuidades en 2009 y 2010.
Sin embargo, la senda de una mayor austeridad no es la solución, es
insuficiente. No resuelve los bajos salarios y pensiones cuya capacidad
adquisitiva se ha reducido sustancialmente desde 1989 como han expuesto
el economista Pavel Vidal y otros académicos cubanos, ni el déficit
fiscal, ni el empleo redundante, ni la baja producción, ni hace
sostenibles la prestación y la calidad de los servicios sociales en declive.
El Gobierno de Cuba ha realizado varios cambios conceptuales
transformadores y positivos en la dirección correcta, en algunos casos
verdaderas rectificaciones. Así son realmente laudables la distribución
de las tierras baldías, la reivindicación y propuesta de ampliación de
espacios para el cuentapropismo y la pequeña empresa, la autorización de
la contratación de empleados privados, el pago de salarios más elevados
de acuerdo con el desempeño en las empresas estatales para elevar la
productividad, el reconocimiento de que se permitirá competencia y un
mayor funcionamiento de los mercados para mejorar la eficiencia, la
autorización de los celulares y la Internet y el señalamiento de que no
todos los problemas socioeconómicos se deben al embargo. No obstante,
estos sensatos cambios son mayormente del tipo conceptual o marco de
referencia, que se deberán complementar con otras medidas concretas que
desaten una sólida recuperación. De lo contrario serán un espejismo. No
se puede avanzar a medias, estar medio embarazado.
En setiembre pasado el Gobierno decidió enfrentar específicamente la
crisis disminuyendo 500.000 empleados redundantes (parte de las
plantillas infladas) e incorporarlos al sector privado —básicamente al
cuentapropismo, la pequeña empresa y la agricultura— para así reducir el
déficit fiscal y facilitar la elevación de los salarios de los empleados
que permanezcan en las empresas estatales para aumentar la productividad
y disciplina laboral.
El concepto básico es correcto y necesario, pero tiene una perspectiva
limitada y medidas insuficientes o erróneas para impulsar el proceso. La
propuesta gubernamental ha identificado bien las variables claves, el
reordenamiento y reubicación laboral de 500.000 trabajadores redundantes
primero, y de 1,3 millones eventualmente, que podría reducir el déficit
fiscal inicialmente en un 4,1 % del PIB (500.000 x 436 x 12 /
65.000.000.000), aumentar la producción de bienes y servicios y la
productividad, pero hay que replantearla, articulándola en forma
coherente y ejecutándola bien. Así hay que alentar apropiadamente el
aumento de la producción en el sector privado para que pueda absorber el
amplio empleo redundante (10 % de la fuerza laboral), no se deben hacer
despidos precipitados ni draconianos, o de terapia de choque, que
determinan una fuerte oposición y resistencia a los cambios requeridos y
que terminarían obstaculizándolos, impidiéndolos o aun revirtiéndolos.
Se deberá aceptar que las personas emprendedores con su trabajo y
asumiendo riesgos pueden ampliar los negocios en beneficio propio, pero
también de la sociedad, al contribuir a la producción nacional de bienes
y servicios y al crear puestos de trabajos. Las empresas privadas no
solo tienen ganancias sino también incurren en pérdidas y pueden
fracasar. Hay que brindar incentivos realistas para establecer y
desarrollar empresas prósperas y propiciar que los trabajadores
redundantes se separen preferiblemente en forma voluntaria y dispongan
de recursos (provenientes del ahorro de la nómina cuando cesan) para
iniciar una actividad o buscar trabajo privado, particularmente en una
difícil etapa de estancamiento o de recesión. Además, la expansión del
sector privado podría alentar la inversión privada extranjera al
brindarle la opción de subcontratar actividades o vender bienes y
servicios a esas empresas como han hecho muchos otros países exitosos,
particularmente en el sudeste asiático.
Las restricciones y barreras existentes para el desarrollo del
cuentapropismo y de la pequeña empresa son muchas y, consecuentemente,
los resultados de estas actividades son limitados y escasos con sus
perversas derivaciones. Hay que eliminarlas o flexibilizarlas
decididamente para asegurar mejores resultados y eliminar una burocracia
reguladora ciertamente innecesaria y redundante. Si bien ha habido
cambios positivos, entre ellos, una significativa liberalización de la
concesión de las licencias, se corrigió la estigmatización y
demonización del cuentapropista (que pasó de ser un paria al motor de la
recuperación), se amplió la elegibilidad de los potenciales
participantes y de las actividades permitidas, se eliminó la
confiscación de equipos y productos de las sanciones vigentes, se
permite el alquiler de los establecimientos de otros ciudadanos y del
Estado, y se autorizaron los celulares y la Internet, aún predominan la
inhibición y los obstáculos.
Así el aumento de las actividades a 178 es reducido y marginal y está
prohibido todo lo que no está específicamente autorizado, no se permiten
actividades profesionales y de elevada tecnología; las normas
regulatorias son muy detalladas, estrictas y hasta ridículas (por
ejemplo, un máximo de 3 sillas para las barberías y 20 sillas para los
paladares) con muchas posibles infracciones y sanciones, lo que promueve
el incumplimiento y la corrupción; la base tributaria es elevada y hasta
niveles abrumadores y no incentiva la contratación de empleados. Tampoco
se permite la publicidad, ni la intermediación; no hay mercados
mayoristas para la compra de insumos; no se autoriza la venta de
vehículos ni de viviendas, esenciales para algunas actividades. Hay que
relajar decididamente estas restricciones. La gente tiene que percibir
buenos resultados de sus esfuerzos.
Igualmente, los cambios iniciados en la agricultura deberán ampliarse
mediante la garantía a los campesinos de que dispondrán de la tierra
otorgada en usufructo por plazos mayores y de que se le reconocerán sus
inversiones en caso que se termine la concesión; autorizarles la
construcción de viviendas en las nuevas tierras; eliminar la obligación
de entregar las cosechas y producciones a los bajos precios fijados por
el Estado; y otras similares a las antes mencionadas que hay que relajar
para los cuentapropistas.
Las citadas medidas aumentarían considerablemente la producción
agropecuaria, en contracción desde 2009, con la consiguiente disminución
de la importación de alimentos, que asciende al 80 % de las necesidades
nacionales e incluso se podrían desarrollar excedentes exportables como
hizo Vietnam en poco tiempo después de adoptar medidas similares a las
comentadas. Al cultivarse bien las áreas hasta ahora ociosas e
incrementarse el incentivo para la contratación laboral también se
brindarían nuevos empleos y aumentarían los ingresos fiscales. La
aplicación de estas medidas sería especialmente provechosa en el
desfavorable contexto de los marcados aumentos de precios de alimentos
en el mercado mundial.
En conclusión, el fracaso de las transformaciones en el cuentapropismo y
la agricultura y en la reducción del déficit fiscal significarán la
frustración del programa de reformas propuesto. Sin embargo, Cuba tiene
la capacidad de recursos humanos y un conjunto de medidas realistas y
pragmáticas a su alcance suficientes para lograr el arranque inmediato
de una sólida recuperación, que solo serían un ajuste de relativa
facilidad a las medidas ya iniciadas, que han sido limitadas en su
concepción y aplicación. EL PCC y el flamante supervisor Manuel Murillo,
designado para manejar el proceso de cambios, tienen la palabra para ser
relevantes y diligentes en iniciar una nueva y perentoria dinámica
socioeconómica. Un crecimiento elevado y sostenible de la economía
cubana requerirá también otras medidas esbozadas en los Lineamientos,
pero hay que comenzar por una sólida recuperación que dé credibilidad al
proceso.
http://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/el-desafio-del-partido-comunista-de-cuba-259963
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