Los retos de la economía cubana en el siglo XXI: Hacia una economía
libre, justa y solidaria
DDC
Madrid 11-04-2011 - 2:23 pm.
Propuesta a la sociedad cubana ante el congreso del PCC.
Madrid 11 de abril de 2011
Desideratum
Para que en Cuba pueda instaurarse una economía libre, justa y
solidaria, sana y muy necesaria intención que aspiramos para nuestro
país, deben, necesariamente observarse y atenderse con carácter
prioritario e ineludible, una serie de principios que en sentido general
son ignorados y no atendidos por el régimen socio-político imperante en
Cuba: los derechos humanos plenos conforme a la Declaración Universal de
los mismos, aprobados por las Naciones Unidas en 1948, y de la que, como
todos sabemos, Cuba es signataria (Cuba fue de los 48 países que votaron
que sí el 10 de Diciembre de ese año; teniendo en cuenta que sólo 58
países eran miembros de la ONU en 1948).
No puede haber, por tanto, una economía libre, justa y solidaria –que
efectivamente saque del innato desastre, ineficacia y ruinosa situación
económica a Cuba: ya es probado y aceptado que el sistema económico
socialista es un incontestado fracaso que ha sumido a nuestro pueblo en
niveles de calidad de vida bajos, injustos, insoportables e inasumibles—
sin que se le retorne a su pueblo la soberanía nacional, base esencial
de la que debe dimanar y radicar todo el poder (nunca en un Partido
político que imponga una ideología única, exclusiva y excluyente, que le
haga por imperativo legal ser fuerza imponente sobre cualquier otra), y,
por ende, sin que den una serie de principios supralegales
constitucionales que amparen esa soberanía incautada. Esto es, la nula
vigencia del principio de libertad; del principio de justicia
independiente, en cuanto a su ejercicio profesional no partidista, y de
rango social, en cuanto a su aplicación en beneficio del interés
general; del principio de igualdad; y del principio de pluralismo
político, son, por sí mismos, la verdadera y única causa de que el
sistema económico imperante en nuestro país no avance en lo que a su
equidistribución de riqueza anhele, ni sea justo ni tampoco suficiente
para dotar al pueblo cubano del status de bienestar, progreso, justicia
y seguridad que anhela cualquier nación del mundo. La falta de
democracia es en sí misma la raíz de esa crisis endémica que subsume
nuestra economía. Separar, por consiguiente, la justicia social, el
interés general del pueblo y sus derechos, de una economía justa, social
y libre, donde se compagine de un modo armónico
Mercado-Justicia-Derechos Humanos, que es donde yerra de plano y se dan
de bruces todos los postulados de los "Lineamientos" es, por sí mismo,
un error doctrinal y de principios económicos técnicos que este trabajo
pretende humildemente desvelar.
Introducción
Durante 2010 la economía cubana registró un bajo nivel de crecimiento
del PIB según los datos de CEPAL, apenas un 1,9% frente a un 6% de media
en el conjunto de países de América Latina.
Las previsiones para 2011 de este organismo tampoco son halagüeñas, y la
economía cubana, con un 3% estimado, se quedará nuevamente por debajo de
la media de los países de la región, situada en un 4,5%.
La comparación entre estos datos pone de manifiesto que las dificultades
de la economía cubana para mejorar su desempeño son internas, y es
preciso atribuirlas a su deficiente modelo de funcionamiento.
Desde que asumió el poder en 2006, tras la grave enfermedad de su
hermano, Raúl Castro se ha orientado hacia un conjunto de decisiones
económicas que, en general, han tratado, con poco éxito a la vista de
los datos, de mejorar la productividad y la eficiencia de una economía
de base estalinista, en la que la ausencia de propiedad privada y el
control burocrático de la planificación y de la actividad, se exhiben
como valores innegociables del "socialismo".
Desde esta perspectiva, los "Lineamientos de la Política Económica y
Social" que se presentan al Congreso del PCC este mes de abril,
constituyen la referencia sobre la que se pretenden impulsar una serie
de cambios para mejorar la situación de la economía.
Sin embargo, una lectura de este documento advierte sobre varios
aspectos fundamentales que es preciso tener en cuenta:
1.- No se trata de un programa de política económica al uso, al no
identificar objetivos e instrumentos, lo que arroja sombras de duda
sobre la coherencia de las propuestas.
2.- No se puede calificar como un programa presentable ante organismos e
instituciones internacionales en búsqueda de credibilidad y confianza,
porque las medidas anunciadas no van acompañadas de sus
correspondientes, y necesarias, dotaciones presupuestarias. Se requiere
un mayor nivel de concreción.
3.- No es tampoco un programa estratégico, porque no se detiene en el
análisis de amenazas y oportunidades del entorno, para ser puestas en
relación con las eventuales debilidades y fortalezas de la economía
cubana. Materias sobre las que no se pronuncia.
4.- No se trata de un programa sectorial, aun cuando se atienda a
numerosos renglones de la economía cubana, pero se echa en falta un nexo
de unión, un vínculo, sobre los efectos derivados de una acción
coordinada y de futuro sobre los mismos.
Además de estos defectos formales en su presentación, el documento
plantea una cuestión fundamental con respecto a su legitimidad como
estrategia de política económica, al plantear en cada una de sus
propuestas un debate abierto entre las acciones de signo "liberalizante"
de la economía, y aquellas que tienen como objetivo el refuerzo del
sistema en funcionamiento, basado en la ausencia de propiedad privada y
el control burocrático de la economía.
Ese debate supone que el documento carezca del suficiente grado de
consenso social, al tener en cuenta a sólo una parte de la sociedad
cubana, y que incluso dentro de este segmento surjan disensiones que
hacen parcialmente inviable el alcance de muchas propuestas.
De todo ello, cabe concluir que los "Lineamientos" lejos de aportar la
confianza necesaria en la economía cubana, alejan a ésta de un escenario
de certidumbre necesario para el desarrollo de las actividades económicas.
Además, su ejecución, de llevarse a cabo, plantea la creación en la
economía cubana de tres estructuras económicas de poder asimétrico que
suponen dejar inalterado el sistema que se pretende modificar.
A saber, el sector presupuestado estatal, burocrático e ineficiente, se
mantendría en manos del partido y la jerarquía comunista local y
territorial; las empresas estatales del conglomerado militar y de
seguridad reforzarían su dominio monopólico en la mayor parte de
sectores y actividades en las que se encuentren presentes; y se
autorizaría el nacimiento de las "nuevas formas productivas" en su
mayoría los arrendadores de tierras, los "cuentapropistas", sobre los
que recaería una pesada carga fiscal y de control para impedir su
desarrollo y crecimiento.
Decisiones que, de llevarse a término, entrañan graves riesgos para la
economía cubana, que tendrá dificultades para romper los lazos que
frenan su potencial de crecimiento, que es elevado por sus fortalezas
indiscutibles, y que no suponen cambios relevantes para afrontar el futuro.
Por ello, el presente documento, elaborado por economistas, abogados y
juristas y empresarios cubanos, trata de aportar al debate social en la
Isla abierto ante el próximo congreso del PCC, una serie de propuestas
que van en la dirección de mejorar el funcionamiento de la economía, su
productividad y capacidad para crecer con justicia e igualdad, en
condiciones de garantizar niveles de vida crecientes para la población.
Ni que decir tiene que estas propuestas tendrán sentido en la medida que
vayan acompañadas de un proceso de apertura democrática que restaure en
la Isla el pluralismo político, las libertades, el respeto a los
derechos humanos y las instituciones democráticas fundamentales. Negar
estos derechos al pueblo cubano es tan absurdo como abordar la
transformación de una economía de base estatal y sin propiedad privada,
a partir de retoques prácticos de alcance limitado dirigidos a reducir
la tensión existente en la sociedad.
1.- De una economía subsidiada e ineficiente, a una economía de
bienestar y competitiva.
Los subsidios soviéticos contribuyeron a consolidar una estructura
productiva ineficiente, incapaz de producir bienes y servicios que
tuvieran demanda en los mercados mundiales, de modo que al finalizar
tras el derrumbe del muro de Berlín, dejaron a la economía cubana
atenazada por su círculo vicioso.
En todos los países del mundo que han alcanzado ritmos de crecimiento
económico estables y sostenibles, el esfuerzo acompañado de la
dedicación se traduce en recompensas que suponen un incentivo para
continuar desarrollando nuevas ideas que, a su vez, permiten a las
economías crecer, modernizarse y avanzar.
2.- De una economía de planificación central y burocrática, a una
economía de mercado liberalizada.
En la actualidad, se reconoce que el mercado como instrumento de
asignación de recursos es mucho más eficiente que cualquier otro
mecanismo, como el estado. La formación transparente de los precios
permite a los agentes económicos diseñar sus estrategias como
demandantes y oferentes de bienes y servicios, produciendo resultados
coherentes con sus decisiones.
Se deberán suprimir las estructuras de carácter monopólico que dominan
la mayoría de actividades económicas y potenciar la plena liberalización
de todas las actividades productivas. El nuevo papel regulador del
gobierno debe estar basado en la transparencia y en la profesionalidad.
3.- De una economía sin propiedad privada y sin libre empresa, a una
economía basada en derechos de propiedad y emprendedores.
La institucionalización de la propiedad privada, sujeto de derechos como
eje del nuevo sistema económico, debe servir para garantizar que los
cubanos puedan participar de la riqueza física del país y ser dueños de
su propio patrimonio, mejorando sus niveles de consumo a medio y largo
plazo. La propiedad privada, su crecimiento y disposición, deberá estar
regulada por las normas constitucionales, las leyes, y a salvo de
cualquier acción confiscatoria o de desprotección.
Al mismo tiempo, se deben recuperar y promover los valores de empresa
privada, emprendimiento, acumulación de beneficios y crecimiento
económico, suprimiendo todas las penalizaciones y reglamentos que
impiden su plena ejecución en la economía.
4.- De una economía con bajo nivel de formación bruta de capital fijo en
el PIB, a una economía basada en las infraestructuras.
La economía cubana, lastrada por una elevada participación de las
actividades estatales en el PIB, que supone cerca del 60% del total, más
de 40 puntos por encima de la media de América Latina, presenta uno de
los porcentajes de formación bruta de capital (inversiones) sobre PIB
más bajos del continente. Ello exige una urgente reordenación de los
programas de gasto.
Tarea urgente es la reordenación del gasto público estatal hacia la
realización de inversiones en infraestructuras con una amplia y extensa
participación de las empresas privadas en la realización de proyectos,
con la supervisión de la autoridad estatal.
5.- De una economía sin espacio y aislada en la globalización, a una
economía orientada a la exportación.
Hay que darle a la economía cubana capacidad para producir bienes y
servicios que tengan demanda en los mercados mundiales para orientar su
oferta progresivamente hacia el exterior e ir ganando ventajas de la
globalización. La política económica deberá incidir en los sectores y
actividades más orientados al comercio exterior, los tradicionales como
el azúcar, y los más modernos como la biotecnología y la sociedad de la
información, favoreciendo la libertad empresarial y la realización de
acuerdos con empresas extranjeras que supongan transferencia de
tecnología avanzada a la Isla.
6.- Estimulo a las inversiones extranjeras.
Se debe impulsar una nueva regulación de las inversiones extranjeras que
permita la penetración de capital internacional, en la medida que
contribuya al aumento de la competitividad de la economía cubana en los
mercados mundiales.
Se debe trabajar en un proyecto para crear en Cuba una red de Parques
Industriales y Tecnológicos en los que las empresas extranjeras puedan
asentarse y proyectar su labor hacia Centroamérica y el Caribe. La buena
formación profesional de los cubanos sería una fortaleza para en un
proyecto como este.
Los procesos de licitaciones o concursos en el ámbito público deben
regirse por los principios libre concurrencia y no discriminación,
transparencia, publicidad y seguridad jurídica.
Para aportar confianza a los inversionistas intencionales Cuba debe
ampliar la red de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones (APPRIs) y debe garantizar el estricto cumplimiento de los
mismos.
7.- De una economía altamente dependiente en energía, a una economía con
recursos energéticos.
La dependencia energética de la economía cubana del exterior es muy
elevada. Romper con ese círculo vicioso es fundamental para alcanzar
ritmos de crecimiento sostenibles. Para ello, se debe apostar por el
desarrollo de inversiones de infraestructura en materia energética para
garantizar un aumento de la producción propia (en las renovables) que
reduzca la dependencia de la energía externa en el curso de una década.
8.- De una economía de sindicato único de partido, a una economía de
mercado laboral libre con sindicatos libres y dialogo social.
Se debe promulgar una legislación que autorice el ejercicio de las
libertades sindicales, del sindicalismo plural y fijación de convenios
colectivos de ámbito de empresa, con marco sectorial, dirigidos a la
consolidación de un sistema de concertación social y negociación
colectiva en la elaboración y ejecución de la política económica. La
legislación deberá situarse dentro de las disposiciones de la
Organización Internacional de Trabajo.
9.- La justicia social como eje de las reformas.
Creemos que todos los ciudadanos deben ser partícipes del bienestar, por
lo que las políticas económicas serán diseñadas teniendo en cuenta el
criterio de equidad y justicia social. Para ello se garantizará, por un
lado, la igualdad de oportunidades y, por otro, la solidaridad. La
compensación social se logrará mediante la eficiente redistribución de
los ingresos obtenidos por el estado.
Entendemos que, por su impacto de justicia social, la denominada
"Economía Social de Mercado" como modelo económico se ajusta a los
principios y valores más efectivos que pueden realmente sacar adelante
la ruinosa e inoperante economía cubana. Este modelo fue ensayado con
éxito en la República Federal de Alemania para poder remontar el
desastre de la postguerra mundial después de 1945 (como todos sabemos,
la Alemania Occidental estaba destrozada y devastada al final de esa
contienda, y el Plan Marshall era insuficiente para sacar al país de la
crisis; es más, cinco años después de aplicarse dicho Plan, la RFA
estaba completamente saneada en lo económico y en lo social) y combinó
con extraordinario sentido común y profesionalidad técnica los valores
económicos más exitosos de los modelos de la socialdemocracia
(socialismo) y del liberalismo –no asumiendo en esencia ninguno de los
dos sistemas--, llegando a ser un sistema realmente mixto, autónomo por
sí mismo, entre ambas formulaciones económicas donde, esencialmente, el
mercado quedaba sujeto a una aplicación justa de la riqueza y, de igual
modo, donde tenían, y tienen, plena cabida los derechos humanos, las
libertades, la justicia, y el pluralismo político. No se trata, por
tanto, de asumir la economía social ni los mercados sociales como
estándares, sino más bien, de aplicar los criterios del Mercado con
Justicia Social. En síntesis, no se trata de asumir la postura de un
Estado benefactor de carácter socialista (de connotado fracaso que ya
nadie cuestiona ni en el seno mismo del Partido Comunista de Cuba), ni
de la protección total y general del individuo por parte del Estado, mal
interpretado como "justicialismo social" (es el paternalismo
supraestatal que tanto daño ha causado por inoperante y por vulnerar
todos y cada uno de los principios de los derechos individuales); lo que
pretende, en resumen, es poner en marcha un modelo económico donde el
mercado tenga un impacto positivo en lo social, armónicamente compatible
uno y otro, cumpliendo y teniendo una función estrictamente en beneficio
del interés general y colectivo.
10.- Garantía de servicios educativos y sanitarios gratuitos para la
población en colaboración con la iniciativa privada.
La prestación de servicios públicos se acercará a los ciudadanos y se
aumentará el nivel y la calidad de los mismos por medio de la
cooperación público y privado en estos dos importantes sectores para el
bienestar de la población. El sistema educativo deberá orientarse, de
forma prioritaria, hacia una educación de calidad, orientada a los
avances de las nuevas tecnologías y los idiomas.
11.- El capital humano y relacional de la diáspora.
La economía cubana debe estar abierta a la participación y experiencia
de todos los cubanos de buena voluntad con independencia del lugar donde
vivan.
12.- Apoyo financiero internacional.
La ingente tarea de reforma económica no se podrá impulsar sin ayuda de
organismos internacionales especializados, FMI, Banco Mundial, Unión
Europea (COTONU), a los que se solicitará colaboración en la ejecución
de los proyectos e iniciativas.
Conclusión
Como ya dijimos en nuestro DESIDERATUM (o máximo deseo), la esencia es
el retorno de la soberanía al pueblo de Cuba, único titular del poder
para, con todos y entre todos los cubanos, definir pluralmente, en plena
libertad política, el mejor modelo económico para el futuro de Cuba. Sin
que Cuba ratifique, cumpla y normativice dentro de su legislación, y
especialmente dentro de su Constitución, los Tratados de Estado
(conforme al Derecho Internacional Público) del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; así como el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (firmados por el país que no
ratificados, invocando sensu contrario la "archiculta" de todos los
males a un Estado extranjero, para excusar su ratificación), es, por
antonomasia, otra vuelta de tuerca a una terquedad ideológico-partidista
que en ningún caso vela por el progreso, bienestar, desarrollo y futuro
feliz para el pueblo de Cuba . De esta premisa parte y se nutre toda la
debacle del modelo y sistema económico imperante en la Isla que,
esencialmente, se basa en la propiedad estatal o colectiva sobre los
medios fundamentales de producción –a la que entroniza como
jerárquicamente superior; eufemísticamente se le llama "propiedad de
todo el pueblo"--; una propiedad privada cuasi-capitalista o mixta entre
entidades públicas del Estado e inversores privados internacionales (no
cubanos), que también tiene impacto en medios fundamentales de
producción: industria minero/metalúrgica -–todo ello al amparo de la Ley
77/95 de la "Inversión extranjera en Cuba"-- y una exigua, denostada y
minoritaria propiedad privada sobre medios no fundamentales de
producción: agrícolas, ganaderos, "cuentapropistas" (empresarios
individuales de pequeña entidad: oficios, artes, profesiones no
cualificadas, técnicos-medios, etc.). Pero, como ya dijimos, olvidando
que es el pueblo soberano, que hoy no lo es, quien debe decidir e
incidir en el modelo económico que efectivamente debe regirle para, con
total legitimidad y legalidad, dotar a su economía de la solvencia y
respeto que tanto necesita para encauzar su bienestar.
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