Tribulaciones del trabajo por cuenta propia

Tribulaciones del trabajo por cuenta propia
OSMAR LAFFITA ROJAS | La Habana | 3 Dic 2014 - 12:58 pm.

Reformas y contrarreformas para la actividad privada, y hermetismo
impuesto oficialmente sobre este tema.

A inicios de la década de los 90 del pasado siglo, la economía cubana
estaba sumida en una grave crisis como consecuencia de la desintegración
de la Unión Soviética. Entonces el Gobierno cubano se vio compulsado a
tomar medidas aperturistas. Para ello, puso en vigor el decreto-ley 141
del 8 de septiembre de 1993 que autorizaba la actividad privada en Cuba.

En el mismo día de la puesta en vigor del Decreto-Ley 141 entró en
vigencia la resolución conjunta 1 de los Comités Estatales de Trabajo y
Finanzas. La misma autorizaba las actividades que las personas (con la
excepción de los graduados universitarios) podían ejercer de manera
privada. La cantidad de actividades se incrementaría o reduciría de
acuerdo a la conveniencia de las autoridades.

La nueva norma jurídica autorizaba a los trabajadores privados la
comercialización de sus producciones y servicios directamente a la
población. El precio se fijaba de acuerdo a las leyes del mercado, pero
ajustado a las regulaciones vigentes y adoptando medidas para evitar
la proliferación de vendedores no autorizados en áreas que estaban
prohibidas.

La resolución conjunta 1, que derogó la puesta en vigor el 23 de
diciembre de 1985, autorizó el desempeño de117 actividades que podían
realizar todos aquellos que tuvieran sus licencias y abonaran los
impuestos correspondientes.

Después de tres años de estar en vigencia la resolución conjunta 1 de
1993, en 1996 entró en vigor la resolución conjunta 1 de los recién
creados ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de Finanzas y
Precios (FP) que aumentó a 157 las actividades que podían realizar
aquellos que tuvieran licencias

La resolución 1 hacía énfasis en que la actividad privada en sectores
como la gastronomía, el comercio y los servicios era una nueva vía de
empleo, que se revertiría en el incremento de los ingresos personales,
además de ser una nueva fuente de ingreso a las arcas del Estado por la
recaudación de los impuestos.

Dicha resolución dejaba claro que los trabajadores privados podían
realizar las ventas de sus productos y servicios directamente a la
población en sus domicilios, locales y aéreas habilitadas, previa
autorización, pero no autorizaba la contratación de trabajadores.

La resolución conjunta indicaba que los pequeños restaurantes, pizzerías
y cafeterías no podían ofertar platos que contuvieran pescados,
mariscos, y mucho menos carne de res o caballo. La violación de esta
disposición implicaba el retiro de la licencia y el cierre definitivo
del negocio.

A dos años de estar vigente la resolución conjunta 1 del MTSS y el MFP,
esta fue derogada por la resolución conjunta 1 de 1998, la cual mantuvo
el mismo número de actividades que la anterior, pero en esta ocasión
especificaba que en lo adelante los trabajadores privados podían abonar
sus impuestos y la declaración jurada anual en pesos o en dólares.

El año 1996 fue el de mayor auge y expansión de la actividad privada en
Cuba. Si bien no hay cifras oficiales, por diferentes vías se ha podido
conocer que 275.000 personas poseían licencias para el desempeño de las
157 actividades autorizadas. El mayor número, elaboradores de alimentos
y arrendadores habitaciones y casas para turistas y empresarios
extranjeros.

Ante el auge que cobraban los pequeños negocios privados, el Gobierno
empezó a verlos con mucha preocupación, ya que una parte de la población
comenzaba a acumular dinero de manera lícita y se le iba de su control

Entonces, Fidel Castro decidió poner fin a la expansión y consolidación
de una emergente pequeña clase media cubana.

Luego del derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido
el 24 de febrero de 1996, que provoco la implementación por Washington
de la Ley Helms-Burton, se inició el desmontaje de las medidas de
apertura en la economía, en lo que es conocido como "la contrarreforma".

La primera acción legal dirigida a poner fin a la actividad privada
fue la puesta en vigor de la resolución 8 de 31 de marzo de 2003 del
MTSS, que solo autorizó 107 actividades, 50 menos de las 157 que hasta
ese momentos estaban autorizadas.

La resolución 8 especificaba que de las actividades aprobadas, a 22 no
se les volvería otorgar nuevas licencias. Dicha medida estaba dirigida
contra los elaboradores de alimentos, a los que luego de cumplir con sus
obligaciones tributarias, el saldo final de sus ganancias les era favorable.

No conforme con las limitaciones impuestas para el ejercicio de la
actividad privada, el gobierno de Fidel Castro puso en vigor la
resolución 11 de 25 de marzo de 2004 del MTSS. En esta resolución hubo
un aumento de 11 actividades, elevándose a 118, pero si en la anterior
resolución a 22 actividades no se le otorgarían nuevas licencias, la que
entro en vigor las aumentó a 40.

Con el propósito de consolidar su alienante política estatista en la
economía, Fidel Castro en 2005 puso en marcha la "Batalla de Ideas",
que fue su particular versión de la Revolución Cultural China,
dirigida contra aquellos que tendían a desarrollar el capitalismo en Cuba.

Muestra del interés marcado del Gobierno cubano de reducir a su mínima
expresión la actividad privada fue la puesta en vigor de la resolución 9
del 11 de marzo de 2005 del MTSS, en la que mantuvieron las 118
actividades, pero no hubo cambio alguno respecto a las 40 actividades a
las que no se otorgarían nuevas licencias.

La campaña dirigida a poner fin la actividad privada en Cuba fue
realmente abusiva y arbitraria. A los medios oficiales se les dio
órdenes de guardar silencio.

La acción de las autoridades cubanas contra los dueños de los pequeños
negocios contó con el apoyo incondicional del Partido Comunista, el
Parlamento y los sindicatos verticales.

Cuando Raúl Castro asumió la presidencia, en febrero de 2008, de los
pequeños negocios privados como restaurantes, cafeterías, pizzerías más
del 90% habían desaparecido.

De acuerdo a datos proporcionados por diferentes fuentes, ninguna
oficial, de las 275.000 personas con licencias para el ejercicio de la
actividad privada al cierre de 1998, solo quedaban 90.000.

El gobierno de Raúl Castro reconoció por primera vez que en todo el
sistema empresarial cubano había un sobregiro del personal emplantillado
que sobrepasaba los 1,5 millones de trabajadores y la solución para que
encontraran nuevos empleos era flexibilizar la política con los
deprimidos y en proceso de extinción pequeños negocios privados.

A tenor de esa nueva política, el Gobierno puso en vigor la resolución
32 de 7 del octubre 2010 del MTSS que autorizaba el desempeños de 178
actividades privadas, que por primera vez estaban regidas por un reglamento.

A los medios oficiales se les autorizó que informaran sobre la actividad
privada, pero de manera muy limitada y deliberadamente distorsionada.
Por primera vez reconocieron que la expansión de los pequeños negocios
privados posibilitaría dar empleo a miles de trabajadores que quedarían
disponibles por el recorte de las sobregiradas plantillas de las
empresas estatales.

Trascurrido un año, con sus altas y bajas, con miras a mejorar y
reajustar ciertos mecanismos de la actividad privada que no funcionaban
como se esperaba, se puso en vigor la resolución 33 del 6 de septiembre
de 2011 del MTSS, que derogó la resolución 32.

Lo más novedosos de esta nueva resolución fue que elevó a 181 las
actividades privadas, y que su artículo 7 autorizaba a los dueños de
pequeños negocios a comercializar sus productos y servicios a entidades
estatales dentro de los límites financieros establecidos.

Por la resolución 33, a los dueños de los pequeños restaurantes se les
autorizó una capacidad de 50 sillas (12 mesas).

Al cierre de 2013 el Ministerio de Turismo informó que en Cuba
funcionaban 2.000 de estos establecimientos.

Una de las actividades privadas que en el trienio 2010-2013 cobró un
inusitado auge fue la venta de ropas, calzados y bisuterías importadas.
En esos negocios estaban involucrados, entre dueños y trabajadores
contratados, más de 90.000 personas.

Finalizado el primer semestre de 2013 sonaron las alarmas en el Grupo de
Administración Empresarial (GAE) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR), que ostentan el monopolio del comercio minorista en divisas en
Cuba. Al comprobar que en sus Tiendas Recuperadoras de Divisas (TRD) los
inventarios aumentaban por la cada vez menores ventas, esto lo
atribuyeron a la proliferación del negocio por toda la Isla de la venta
de artículos importados. Entonces, el Gobierno decidió poner fin a este
floreciente y rentable negocio.

Con el propósito de darle un viso legal a tan arbitraria medida, se
puso en vigor la resolución 42 del 22 de agosto de 2013 del MTSS que
derogó la resolución 33, la cual aumentó a 201 las actividades
autorizadas, la explicación de los alcances y límites de cada una y las
entidades que autorizaban su ejercicio.

Tal ha sido el crecimiento de la actividad privada en los tres últimos
años que el titular de Economía y Planificación, Marino Murillo Jorge,
en la reunión del Consejo de Ministros, el pasado 21 de junio, afirmó
que al cierre de mayo 467.000 personas poseían licencias para ejercer el
negocio privado en Cuba.

Pero el Gobierno cubano ha dejado bien claro que dentro de su estrategia
para la actualización de su modelo económico no está ampliar y mucho
menos consolidar la pequeña y mediana empresa privada.

En línea con esta política, Murillo Jorge ha dicho que con la aplicación
de los altos impuestos y el no acceso a los mercados mayoristas, se
evitará la consolidación y extensión de una clase media adinerada e
influyente.

Trascurridos exactamente 50 años de la primera medida que reguló el
trabajo privado en Cuba, aunque resulte difícil creerlo, no existen
fuentes fiables que permitan disponer de información bibliográfica,
materiales estadísticos o trabajos periodísticos relacionados con el
desarrollo de esta actividad. Una muestra evidente del total hermetismo
en torno a esta actividad impuesto por las autoridades.

Se desconoce si el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la
Universidad de La Habana, ha realizado estudios y si dispone de un fondo
bibliográfico sobre la historia de los pequeños negocios privados en
Cuba en estos últimos 50 años. Los académicos más visibles y conocidos
de dicho centro, como Juan Triana Cordoví, Pavel Vidal y Osmar Everleny,
en ninguna de sus conferencias y trabajos publicados han abordado el
asunto.

El Gobierno cubano no quiere que haya informaciones sobre los pequeños
negocios privados en Cuba. Cuando se autoriza a los medios oficiales a
informar sobre la actividad privada lo hacen de manera general y con el
empleo de metalenguaje, como "trabajadores por cuenta propia" o
"actividad no estatal".

Source: Tribulaciones del trabajo por cuenta propia | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1417607937_11598.html