Avanza proyecto contra agencias de viajes a Cuba
RUI FERREIRA
El Nuevo Herald
Un proyecto de ley estatal que crea más restricciones a las agencias de
viajes que tienen relaciones comerciales con países ''terroristas'' fue
aprobada por unanimidad esta mañana por el Comité de Asignaciones del
Senado de la Florida, y será sometido próximamente al pleno.
Aunque no menciona a Cuba específicamente, ya que regula los viajes a
los países considerados terroristas por el Departamento de Estado, el
proyecto afecta particularmente a una de las más importantes industrias
del sur de la Florida, la que precisamente organiza viajes de los
cubanoamericanos a su país natal y coordina el envío de mercancías a sus
familiares.
Ejercer un mayor escrutinio sobre estas operaciones fue precisamente la
idea del hombre detrás del proyecto original, sometido ya al pleno de la
Cámara de Representantes por el representante David Rivera.
''Hay que ejercer un mayor control sobre esas agencias de viajes, es un
problema además de seguridad nacional'', dijo Rivera a El Nuevo Herald.
El legislador fue secundado en la cámara alta por el senador Carey Baker.
Hace dos años, una propuesta similar fue aprobada por la Legislatura
pero terminó siendo suspendida su aplicación por la decisión de un juez.
En los últimos días, decenas de dueños y abogados de las agencias de
viajes se desplazaron a la capital del estado, Tallahassee, y
argumentaron ampliamente ante un par de comités senatoriales en un
intento por frenar la aprobación.
''Esta ley no tiene nada que ver con seguridad, sino mucho que ver con
las agencias de viajes. Nosotros ya somos demasiado regulados por el
gobierno federal'', apuntó Eddy Levy, codueño de XAEL Charters.
La discusión del nuevo proyecto de ley fue congelada en el Comité de
Justicia Criminal del Senado, pero el lunes la misma entidad la aprobó
por 6 votos contra 1. Esta mañana, en el Comité de Asignaciones, la
aprobación fue por unanimidad.
La propuesta obligaría a las agencias que venden pasajes o envían
mercancías a Cuba a pagar un impuesto anual e informar sobre los
detalles de los viajes y envíos de mercancías a las autoridades
estatales, así como efectuar un depósito bancario para afrontar
bancarrotas o los resultados de litigios.
El proyecto incluye multas administrativas o civiles de $10,000 por cada
incidente y cargos criminales y civiles hasta de tercer grado para los
violadores.
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/story/194249.html
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